Las políticas públicas son una herramienta de los gobiernos para tratar de conducir los asuntos de la sociedad. Para tal efecto, los gobiernos echan mano de legislaciones y normativas. Tales son los casos de las leyes en telecomunicaciones y energía, por citar dos muy conocidos, o decisiones administrativas y normativas como el Hoy No Circula, también de moda. Como el propósito de las políticas públicas es el cambio, afectan fibras sensibles al trastocar modos de vida, de manera que su impacto abarca a los ámbitos social, político, económico y cultural, razón por la cual siempre suscitan polémicas, y muchas veces airadas, de los diversos grupos de interés que integran una sociedad plural. Por tal motivo, es fundamental que las propuestas técnicas de las políticas públicas se sometan al crisol social para medir sus efectos y prever escenarios que pudieran ser adversos para el fin perseguido.
Un caso que llama la atención por las enconadas disputas de los grupos de interés es el de la ley secundaria de telecomunicaciones. En un lado del espectro esta Grupo Carso, que domina el mercado de la telefonía y que su monopolio grava con altos costos a los usuarios del servicio. En el otro campo está Grupo Televisa, que es hegemónico en las comunicaciones televisivas y de contenidos, que a pesar de que es menos acaudalado que el primer grupo, tiene una honda influencia social y política, ya que la televisión es la gran educadora y generadora de costumbres y comportamientos de las sociedades modernas. La ley que se aprobó, si bien afecta a ambos gigantes de las comunicaciones, tiene un cierto sesgo a favor de la televisora, para retrasar el ingreso del titán de la telefonía al mercado de trasmisión de voz, imagen y datos.
El desenlace del drama de las telecomunicaciones no fue previsto, puesto que la política pública, plasmada en la ley, obvió el escrutinio público y la simulación de posibles escenarios. Así que Grupo Carso decide vender parte de su negocio telefónico para acceder al mercado de televisión abierta y de paga. Con ello evita subsidiar a la competencia.Los posibles efectos de la medida son una mayor competencia (de la que no escaparán las televisoras), en telefonía, internet y televisión, y previsible presencia del capital extranjero en este servicio (el posible comprador de los activos de Carso). Por la puerta de atrás se beneficia el consumidor. Ganan los consumidores. Pero, ¿en qué beneficia al ciudadano? La competencia per se no garantiza la pluralidad: quizá diluya la hegemonía de Televisa en contenidos e influencia política, pero el interés público (la pluralidad de visiones e ideas) es el gran ausente.
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