La crisis de seguridad y violencia, impone retos mayúsculos a los Poderes del Estado en sus tres niveles de gobierno, no sólo por la imperante necesidad de pacificar al país para detonar el desarrollo, sino también para aliviar el dolor de miles de víctimas y el miedo que se respira entre la ciudadanía, ante el riesgo latente de ser asaltado, extorsionado, secuestrado o perder la vida.
Uno de estos retos, es lograr la medida justa en que deberán plantearse las reformas constitucionales y secundarias que darán viabilidad a la política de seguridad pública y a la ejecución de acciones que devuelvan la tranquilidad a la sociedad. Medida, que debe embonar de la mejor manera posible para hacer coincidir principios y conceptos que por la historia mundial y de nuestro propio país, hacen aún más visibles las cicatrices derivadas de los abusos del poder y de la fuerza desproporcionada del Estado.
Así, democracia, federalismo, ciudadanización, derechos humanos y militarización, parecen hoy poder encontrar un punto de convergencia, ante la realidad y el legítimo reclamo social de vivir en un entorno pacífico y seguro.
En este orden de ideas, la Guardia Nacional, constituye una parte fundamental de la estrategia de seguridad pública para el presente sexenio, la cual se acompaña de un frontal combate a la corrupción, y la construcción de posibilidades para que la mayoría de la población acceda a mejores ingresos.
En este sentido, la propuesta que se está sometiendo a discusión, mientras escribo estas líneas, es una institución policial de la Federación de carácter y dirección civil, dando con ello, respuesta a una demanda de la sociedad civil organizada.
La Guardia Nacional, incorpora miembros activos del ejército y la marina, sin embargo, desmilitariza la institución, al establecer que: estará bajo el mando civil; los ilícitos no serán juzgados por normas e instituciones militares, sino civiles; recibirán una instrucción policial y no de guerra; así como una amplia capacitación en materia de derechos humanos.
La nueva institución policial, estará sujeta a mecanismos de evaluación, rendición de cuentas, control y certificación que involucran a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no sólo para propiciar su coordinación, sino su corresponsabilidad, en el marco de la División de Poderes que mandata nuestra Ley Fundamental, y que exige un sistema de “pesos y contrapesos”. Evaluaciones que, por mandato de ley, servirán para corregir deficiencias, medir sus resultados e incluso, posibilitar la disolución de la Guardia Nacional.
El federalismo, parece que encontró su cauce en materia de seguridad, en la estricta coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Asumiendo una función complementaria y, solo cuando sea necesario, subsidiaria.
El modelo de Guardia Nacional responde a la urgencia, pero también a una estrategia derivada de la realidad, la cual, ha proyectado como meta a lo largo del sexenio desplegar en territorio a 100 mil elementos capacitados, con auténtica vocación de servicio, confiables y respetados por su valor, honor y disciplina, quienes serán capaces de combatir a la delincuencia organizada, como el narcotráfico, el huachicoleo y la trata de personas.
Es propicio hacer un paréntesis, para comentar desde la trinchera del activismo social y, sobre todo, desde la óptica de quienes trabajamos con y para las víctimas de delitos crueles, degradantes e inhumanos como la trata de personas, que resulta sumamente alentador saber que contaremos con una nueva policía, que no será penetrada por la cadena de corrupción de los tratantes, que estará capacitada en materia de derechos humanos y con perspectiva de género. Una policía valiente y sensible.
La responsabilidad de la Guardia Nacional será enorme, como lo es la responsabilidad que asumió el Ejecutivo Federal, porque la expectativa de la ciudadanía es muy alta, nada más y nada menos que, tener la seguridad de que tendremos seguridad.
Paola Félix Díaz,
Activista social y titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX
@LaraPaola1
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