A lo largo de este sexenio, López Obrador ha tomado decisiones controvertidas, tales como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), con un altísimo costo, no solo en lo económico, sino también para el desarrollo de vías de comunicación internacional, al no poder generarse un tráfico comercial y turístico más eficiente, mismo que impulsaría la economía, sin que pueda siquiera bromearse que el aeropuerto sustituto de Santa Lucía suplirá los beneficios del NAIM. Otras decisiones son las también controvertidas propuestas de reforma a la ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas “sin moverles una sola coma”, ambas reformas sin duda afectarán el desarrollo sustentable de México, por lo que regresará, desafortunadamente, el monopolio de esas actividades al Estado. También debe de agregarse a las anteriores, la reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la que se pretende obtener nuestros datos biométricos y que, al igual que las anteriores, fue aprobada por el Congreso de la Unión. Decisiones, entre muchas, que afectan el desarrollo del país, su economía, y que violentan nuestro máximo marco jurídico.
En los ejemplos expuestos se han promovido varios juicios de amparo, respecto de los cuales diversos Jueces de Distrito, quienes forman parte del Poder Judicial de la Federación, los han admitido y han otorgado suspensiones para que esas decisiones y esas leyes no generen los efectos nocivos e ilegales que pretenden evitarse con esas contundentes resoluciones. Sin embargo, esas decisiones de esos jueces, que incluso han sido aplaudidas y calificadas de autónomas y valientes, fueron objeto de ataques sin cuartel desde el comando general de las mañaneras en donde se bombardea constantemente a todo aquel que se le ocurra ir en contra de la máxima voluntad del jefe que habita Palacio Nacional.
Los resultados, al parecer derivados de esos ataques públicos, así como de otros seguramente dirigidos a niveles jerárquicamente superiores del Poder Judicial, han logrado que los Magistrados, con base en opiniones en diversas resoluciones de los Ministros, revoquen esas suspensiones, con lo que se permite la continuidad de las decisiones presidenciales, así como el que las leyes y reformas emitidas por el Congreso continúen sus efectos nocivos, lo que seguramente la historia calificará como actos y errores desastrosos para el país y, por tal, para todos sus habitantes.
Así es, heróicos Jueces de Distrito, en más de 150 amparos promovidos, concedieron suspensiones para mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como para detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y salvaguardar la integridad del ecosistema; suspensiones, que posteriormente fueron revocadas por Magistrados de Tribunales Colegiados, sucediendo lo mismo con la Ley de la Industria Eléctrica en la que se concedieron valiosas suspensiones, inclusive con efectos generales, para que esas leyes no tuvieran efectos, al considerarse que generaría desequilibrio en la competencia económica entre los actores privados de esos sectores, así como para evitar que se vulnere la protección y demanda constitucional para la protección del medio ambiente e inclusive para la protección de la economía del usuario final, el pueblo.
No obstante, estas decisiones muy bien valoradas y recibidas en los sectores energético y de inversión privada, así como sin duda en el ámbito legal, recientemente han sido revocadas por Magistrados integrantes de Tribunales Colegiados, sustentando sus decisiones en opiniones emitidas por Ministros en otras resoluciones. Lo mismo sucedió con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones por la que se pretende crear un registro de usuarios de telefonía móvil y obtener los datos biométricos de quienes usamos este servicio de telefonía, reforma sobre la que primero se otorgaron sendas suspensiones y que luego fueron revocadas por Magistrados Federales que han traído como consecuencia que los amparos se den por concluidos. No dudo, según lo expuesto, que las suspensiones a la reforma de la Ley de Hidrocarburos sigan la misma suerte.
Observo y opino que los Jueces a los que consideramos valientes, autónomos e independientes, podríamos llamarlos héroes, mientras que los villanos son los Magistrados y Ministros de la Corte y es posible que desde Palacio Nacional se esté gestando un juego diabólico en el que el único que se divierte, y gana, es el habitante mayor, mientras que los demás tienen que jugar con sus reglas y castigos. Si es así, su juego es perverso. Concluyo que, a diferencia de lo que siempre se espera, parece que ahora los malos o villanos están ganando este juego.
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