El rostro del delito de trata de personas es el de la esclavitud, la ausencia de libertad y el sometimiento a otra persona, disponen de tu destino, ¡tu vida ya no te pertenece! Es el rostro de humillación, desesperación de abandono, de sueños rotos y familias destrozadas; es el de una niña o mujer joven; el del usufructo que tiene la tez de un niño o niña menores de edad que viven en alto riesgo.
Es una realidad con una curva ascendente. En México la población más vulnerable se encuentra en la niñez, la comunidad LGBTQ+, madres solteras, indígenas y desplazadas por la violencia, crisis económicas o la pandemia.
Después de meses de estar fuera de la discusión nacional, finalmente el tema de cómo erradicar la trata de personas en México regresa al debate público.
En este contexto, México ocupa el tercer lugar a nivel global en trata de personas con fines de explotación sexual y mendicidad de menores solo por debajo de Tailandia y Camboya, y primer lugar en pornografía infantil sobre distribución y creación de contenidos, según A21, organización internacional que se dedica a luchar contra este delito.
La trata de personas sin duda va de la mano con la desaparición de víctimas, cuya agresión arroja cifras alarmantes. En el primer caso, las autoridades mexicanas identificaron al menos 550 víctimas de trata de personas en 2020, lo que representa un aumento del 43% según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el segundo, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, 90 034 personas están desaparecidas y no localizadas.
Entre 2015 y abril de 2021, se denunciaron más de 2.800 casos de víctimas de trata de personas. Y si los casos registrados durante los primeros cuatro meses de este año continúan al mismo ritmo, México terminará 2022 con un saldo superior a las 650 víctimas, más que en los últimos nueve años.
A esto hay que sumarle que muchos casos no son denunciados por diversas razones, como la falta de confianza en las autoridades, la falta de lugares donde puedan ser protegidas las víctimas y el miedo a ser asesinado por denunciar cuya impunidad en la trata de personas ronda el 95 %.
Además entre 2012 y 2017, el 84% de las víctimas de trata de personas fueron ciudadanos mexicanos, y más de la mitad fueron sometidos a la trata en el mismo estado en el que residían, aunado al confinamiento que obligó la pandemia y movió a los tratantes aún más cerca de los hogares.
Pero por primera vez en México, a partir de 2012, la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual ajena, los matrimonios forzados y la explotación laboral serían sancionados como formas de explotación, solo que 7 estados del país no han homologado sus leyes sobre la Ley de Trata de Personas y en 22 se mantiene la alerta de género.
Lo interesante es que a fines de abril la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa que no sólo retoma la esencia de esta ley histórica, sino que la actualiza y le da la importancia merecida en plena ola de desapariciones, feminicidios y el movimiento de las mujeres por una vida libre de violencia.
La presidenta de la Cámara Alta, propone en su reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, una iniciativa justo cuando el país se duele por el incremento de este crimen a partir de la pandemia.
Su propuesta propone actualizar referencias al Código Nacional de Procedimientos Penales, definir como abuso de poder o daño grave las afectaciones a la familia de la víctima o a la persona a la que le tenga afecto y endurecer penas que, desde ahora, no dejan salir de prisión a los tratantes.
Busca fortalecer estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de los procesos, reducir los tiempos de atención a víctimas, acelerar al acceso a la justicia y abonar al respeto del derecho a un ambiente sano.
Sus intenciones llegan en un momento crucial para el país: la sociedad se ha conmocionado con las desapariciones de niñas, adolescentes y jóvenes y exige que, por fin, se concrete una estrategia nacional contra la violencia sexual.
En la iniciativa de ley de la senadora se busca garantizar el acompañamiento especializado efectivo a las víctimas, resguardo de identidad, apoyo físico, psicológico y jurídico, así como la obligación a la autoridad de recibir las denuncias por cualquier medio, físico o electrónico.
Su redacción es una mejora a la ley, pero sólo podrá ser realidad si realmente se amplía el presupuesto para el combate a este delito y si hay voluntad política del gobierno federal y estatal, pero sin el dinero suficiente las víctimas no podrán decir: ¡nunca más!
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