La crisis de seguridad en el noroeste de México se intensifica por la fragmentación del crimen organizado. Sinaloa, Baja California y Sonora son ahora campos de batalla donde facciones que antes cooperaban compiten por cada territorio. En esta región, históricamente dominada por el narcotráfico, la violencia ha alcanzado niveles críticos.
En Sinaloa, cuna del narcotráfico en México, la división entre los Chapitos y los Mayos —dos facciones del antiguo Cártel de Sinaloa— ha desatado una ola de violencia. La lucha por rutas hacia Estados Unidos y la producción de drogas sintéticas ha disparado los homicidios en el estado, muy por encima del promedio nacional. Este conflicto interno refleja el caos de un liderazgo fragmentado y una disputa territorial constante.
Según el columnista Carlos A. Pérez Ricart en Reforma, desde el 9 de septiembre, cuando comenzó la lucha entre los Chapitos y los Mayos, se han registrado 319 homicidios, 366 denuncias de desaparición y 490 robos de vehículos. Entre septiembre y octubre, los homicidios superaron el acumulado del año, y el promedio diario de asesinatos pasó de 1.4 a más de 6.
Baja California, con su acceso directo al mercado estadounidense, es un objetivo clave para los cárteles. Tijuana es ahora una de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios cercana a 100 por cada 100 mil habitantes. Allí, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células del Cártel de Sinaloa pelean no solo por el tráfico de drogas, sino también por el control total del territorio, afectando a los ciudadanos con extorsiones y desplazamientos forzados.
Sonora ha surgido como un punto estratégico para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La violencia en Nogales y la sierra ha escalado por las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa y grupos emergentes que buscan el control. Tanto en zonas rurales como urbanas, Sonora está bajo el asedio de grupos que intensifican la violencia para dominar el paso de esta droga sintética, cuyo mercado es cada vez más lucrativo al norte de la frontera.
La situación en el noroeste evidencia no solo la descomposición del crimen organizado, sino también la urgencia de una estrategia de seguridad eficaz. Las políticas de inteligencia y coordinación, aunque necesarias, no han logrado reducir la violencia. México ha intentado estos enfoques antes, pero la crisis persiste y, en algunos casos, se agrava.
La nueva administración federal enfrenta un desafío monumental: se requiere una estrategia integral que no solo contenga la violencia, sino que también aborde las raíces de la economía criminal en estas zonas.
Desactivar los factores que alimentan esta guerra demanda intervenciones profundas, desde alternativas económicas hasta programas sociales que reduzcan el poder de los cárteles y permitan recuperar el control del territorio.
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