A pesar de todo llegó de primero de junio, transcurrió y pronto será parte de la historia y de las efemérides nacionales pero su trascendencia es mucho mayor, estamos ante un nuevo régimen republicano, ante una nueva concepción del Estado mexicano ahora invadido por un gobierno que concentra las decisiones de los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial.
El cohecho es un delito que consiste en ofrecer, dar o recibir beneficios a cambio de influir en la toma de decisiones de una persona o institución que tiene autoridad o poder para tomarlas, incluye a los ámbitos políticos, negocios, administración pública e impartición de justicia. Hay dos tipos: el activo (directamente) y el pasivo (influir en la decisión).
La Audiencia real en la época virreinal y de la colonia (1521 a 1821) fue el tribunal superior de justicia y dependía del Consejo de Indias en España. Es después de la Independencia cuando en la Constitución de 1824 se establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtiéndose en el máximo tribunal, en 1857 la Constitución liberal establece al Poder Judicial como como un poder independiente con la SCJ como su máximo órgano, en 1917 se ratificó y añadió lo de su autonomía de cualquier de los otros dos poderes.
Durante el siglo XX así fue (no sin la tentación de alguno que otro presidente por reformarlo). Actualmente y antes de la reforma del 2024 el poder judicial enfrenta graves problemas de corrupción, nepotismo, impunidad, inequidad y sobre todo falta de acceso a la justicia para la ciudadanía, la justicia históricamente siempre ha tenido precio.
Las reformas promovidas por el anterior presidente obedecieron a una serie de irregularidades entre las relaciones de los tres poderes de la Unión y al unirse dos de ellos el tercero en disputa no pudo subsistir, así en la reforma anunciada el 5 de febrero de 2024 y posteriormente aprobada con todas las irregularidades imaginables y posibles en septiembre del mismo año, desembocaron en las peculiares elecciones del primero de junio de 2025, donde votó un escaso 13 % y se anularon más de dos millones de sufragios, lo que reduce a 11 % de electores para 140 millones de habitantes, el éxito político es sorprendente (por ello la constante y parcial interpretación oficial comparando las cifras con la votación que PRI, PAN y MC obtuvieron en las elecciones de junio, 2024) la mayor parte de los ciudadanos tuvieron que auxiliarse con “acordeones” que cortésmente fueron elaborados para facilitar el ejercicio que nos coloca como el país más democrático al servicio de un estado autocrático.
La reforma se enfocó casi en su totalidad al aspecto de elección, no así de selección de aquellos procedimientos que lleven a la aplicación de la justicia pronta y expedita, igualitaria y paritaria para todos, se adujo que la corrupción y demás vicios similares y conexos se van a terminar con el proceso, recordemos que los otros dos poderes asimismo son electos con el voto popular y seguimos sufriendo una corrupción galopante.
La reforma fue, las elecciones se llevaron a cabo, veremos si la justicia llega.
Sorpresiva es la fotografía integrada con los nueve ministros y ministras (4 y 5 como marca la reforma paritaria) recién electos, todos con sus finas togas de seda que exige la Ley que porten, con imágenes de archivo (aún no es la fotografía oficial), bienvenidos sean, pues ministros: Hugo Aguilar Cruz, Lania Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Afif, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, Arístides R. Guerrero García y Giovanni Azael Figueroa Mejía, la nueva etapa de la impartición de justicia mexicana:
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