La seguridad pública en Sonora es un pilar crítico para su desarrollo y competitividad, pero su ubicación como corredor clave para el tráfico de fentanilo, metanfetaminas e inmigración ilegal hacia Estados Unidos, junto con la violencia derivada de ls conflictos entre cárteles en el estado de Sinaloa, plantea un desafío estructural.
La inseguridad que puede tener un costo económico del 24% del PIB nacional de acuerdo al Índice de Paz México 2025, limita también la inversión nacional y extranjera, el turismo y el empleo. En Sonora, el INEGI calcula que el costo directo de la inseguridad asciende a más de $3,300 millones al año.
El 59% de los sonorenses percibe la inseguridad como el principal problema, y solo el 39% se siente seguro caminando de noche.
Por ello, a iniciativa del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Sonora, de los organismos empresariales, del Consejo de Participación Empresarial de Sonora (COPES) y del gobierno estatal, se creó el Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad (FICOSEG). El FICOSEG busca enfrentar esta crisis mediante aportaciones empresariales adicionales al Impuesto sobre Productos del Trabajo, destinadas a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.
Si bien se han dado incrementos importantes al gasto público en seguridad y justicia en la presente administración estatal, dicho esfuerzo representa el 0.5% del PIB estatal, por debajo del 1-1.5% recomendado por el Banco Mundial y la OCDE, lo que restringe el fortalecimiento y la modernización de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.
El FICOSEG, respaldado por reformas a la Ley de Hacienda (2024) y Seguridad Pública (2025), canaliza recursos empresariales a un fideicomiso autónomo, gestionado por un Comité Técnico con 20 representantes privados y cuatro públicos. Este modelo garantiza eficiencia, transparencia y participación ciudadana, tomando como ejemplo el fideicomiso similar creado en el estado de Chihuahua hace 14 años.
El contar con más recursos no garantiza por si mismo el éxito en la lucha contra la inseguridad, pero no tener recursos suficientes debilita la respuesta institucional a la violencia y el crimen que tiene acceso a recursos crecientes.
El FICOSEG representa una oportunidad transformadora para Sonora al integrar al sector privado y la ciudadanía en un modelo de colaboración y corresponsabilidad. Su éxito dependerá de una gobernanza transparente, metas medibles, inclusión ciudadana efectiva, sostenibilidad financiera y coordinación regional e interinstitucional. Aumentar el gasto público en seguridad al 1-1.5% del PIB estatal, como sugieren organismos internacionales, es crucial para enfrentar el narcotráfico y el tráfico de personas y sus efectos. Con una ejecución estratégica, el FICOSEG puede no solo reducir la violencia, sino también posicionar a Sonora como un referente de seguridad, competitividad y desarrollo sostenible.
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