Durante años, nuestro país tuvo un sistema energético completamente centralista y estatizado. Consecuentemente, los cambios en el precio de los bienes energéticos como la gasolina, el gas y la electricidad, se interpretaban como decisiones gubernamentales, por lo que tienen un impacto en la aprobación o desaprobación del gobierno.
Por ejemplo, los precios de la gasolina representaban un barómetro del bienestar y el poder adquisitivo, así como un factor que podía ocasionar que se ajustaran precios de manera generalizada para compensar.
Por su parte, el gas y la electricidad han jugado también un papel crucial en el poder adquisitivo de muchas familias, especialmente de las de los deciles inferiores del ingreso. Por lo general, la compra de un cilindro o tanque de gas para una familia del primer o del segundo deciles del ingreso puede llegar a comprometer la capacidad de compra de muchos otros bienes básicos para los hogares.
En 2013, el mercado energético se modernizó para alcanzar varios objetivos de política pública sumamente importantes, entre los que destaco:
- Cambiar el papel monopólico de PEMEX y CFE, con lo cual se incrementaría la oferta y con ello los precios.
- Incrementar la inversión privada y las asociaciones de las paraestatales con empresas para aprovechar mejor el potencial energético con que cuenta el país.
- Incrementar los inventarios promedio de combustibles de los que disponemos, pues hay sucesos que afectan de manera importante el abasto o la distribución en el mercado de gasolina o gas, haciendo que la economía colapse. Esto lo vimos en la crisis de la gasolina por el supuesto combate que se estaba dando para abatir el huachicol.
Evidentemente, los detalles de la reforma energética de 2013 son mucho más amplios que los tres puntos anteriores, pero me parece que ilustran muy bien el propósito general de aquella conjunción de voluntades políticas.
Como sabemos, el sexenio del presidente López Obrador marcó un alto a la reforma energética de 2013, dando nuevamente un papel preponderante a las empresas del estado como PEMEX y CFE, así como desincentivando la inversión de empresas privadas extranjeras en la exploración y extracción de petróleo.
Una de las consecuencias de esto, es que la oferta no se amplió, sino al contrario, se restringió. Por poner un ejemplo: hoy la gasolina no cuesta $13 pesos en promedio como se prometió al inicio de este gobierno, sino $25 pesos, y en algunas regiones del país, un litro llega a costar hasta $27 pesos o más.
Otro aspecto cuestionable de la política energética del sexenio que está por terminar, es la oportunidad perdida para aumentar de manera significativa nuestra capacidad de producción de energía eléctrica, principalmente por fuentes renovables. Consecuentemente, uno de los aspectos que más ponen en entredicho al nearshoring por parte de inversionistas internacionales es la dificultad para asegurar un suministro eléctrico estable y holgado en algunas localizaciones industriales.
Es alentador que las campañas políticas estén levantando mayor interés en discutir los preceptos de política energética en el próximo sexenio, pues de ello depende la calidad de vida de las personas y la responsabilidad con el medio ambiente.
De tal manera que una de las grandes interrogantes en este momento es: ¿Cuál será la postura que adopte el gobierno de Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez con respecto a las estrategias para fortalecer el sector petrolero, eléctrico y de gas en los próximos seis años?
Como he mencionado antes en este espacio, mientras en México seguimos con la indecisión de qué tipo de matriz energética queremos alcanzar, otros países como Chile ya tienen metas fijas muy claras en el camino hacia la descarbonización.
Me parece que muchos políticos en la actualidad no alcanzan a dimensionar que a la generación actual de jóvenes les importa mucho y cada vez más el que los productos y servicios que consumen, sean públicos o privados, se hagan con la menor huella de carbono posible.
Análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Un reciente análisis del IMCO, señala que nuestro país tiene el potencial de beneficiarse de diversas tendencias geopolíticas, económicas, tecnológicas y ambientales, para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar para la población a través del sector de energía.
Derivado de lo anterior, el IMCO hizo un análisis reciente con un enfoque de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
El análisis se centra en entender el rol del petróleo y de la renta petrolera, del gas natural como combustible de transición –más eficiente, asequible y limpio que sus demás contrapartes fósiles–, y de las necesidades de expansión y modernización de las redes eléctricas.
El análisis, titulado “Propuestas para la Energía que Queremos 2024-2030”, parte de la premisa de ofrecer un marco general de los aspectos deseables en materia de energía el próximo sexenio.
- En lo que se refiere al petróleo, el IMCO propone que se promueva la colaboración entre PEMEX y los operadores privados, que se rediseñe el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para financiar la transición energética, que se faciliten los permisos para importar combustibles y que la industria petroquímica se centre en productos de mayor valor agregado.
- En lo relativo al gas el IMCO propone desarrollar una mayor capacidad de almacenamiento, una infraestructura amplia de ductos de gas natural y una estrategia efectiva para minimizar las fugas de metano a la atmósfera en el proceso de producción del gas.
- En lo que tiene que ver con electricidad, las propuestas del IMCO son reanudar el otorgamiento de permisos a los participantes privados, acelerar la incorporación de tecnologías renovables y aprovechar los distintos mecanismos (p. ej. APP y la Fibra E) que permiten la participación del sector privado en la inversión y operación que modernice la infraestructura al ritmo que se requiere en el país.
Capacidad de almacenamiento de gas natural en México
en comparación con otros países
Fuente: IMCO.
Las finanzas públicas locales, en vilo en este sexenio
Como sabemos, en este sexenio el gobierno ha incurrido en mayores gastos y al mismo tiempo, exentando a PEMEX de una buena parte de sus aportaciones para el presupuesto gubernamental.
Hace una semana, Moody´s hizo énfasis en que la reducción en los ingresos petroleros para dar estímulos fiscales a PEMEX ha impactado negativamente las participaciones destinadas a estados y municipios.
La consultora resaltó que las participaciones representan la principal fuente de ingresos operativos de los estados y municipios, pues 82 por ciento de estas proviene de la Recaudación Federal Participable que está integrada por ingresos tributarios y petroleros.
En 2023, los ingresos petroleros de la Recaudación Federal Participable cayeron 52 por ciento anual y no alcanzaron el monto programado para el ejercicio, debido a que Pemex difirió el pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) durante cuatro meses y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEH) durante seis meses.
Por si fuera poco, la consultora Moody´s resaltó en el comunicado que para 2024, la reducción de 30 por ciento del valor de los hidrocarburos extraídos por PEMEX van a ocasionar que el peso de los ingresos petroleros en la Recaudación Federal Participable se reduzca aún más.
Derivado de esta situación, cada vez es más frecuente escuchar en el ámbito local que tal proyecto está inconcluso, que tal obra pública no se va a realizar por falta de recursos provenientes de la federación, etcétera.
Por ejemplo, en mi estado, en Guanajuato, habrá despido de personal médico interino estatal porque no se les podrá basificar, debido a la falta de recursos suficientes provenientes de la federación.
Últimos comentarios
México tiene que apostar por maximizar el valor de este activo desde una perspectiva de equidad intergeneracional, es decir, que los ingresos provenientes del petróleo beneficien a las generaciones futuras, no solo a las presentes.
Pero incluso, privilegiar a los que vivimos en este momento en el país con un mercado energético más transparente, moderno y confiable, es un asunto que debe tener la mayor prioridad para el estado.
Invertir en mejor transporte público, mejores escuelas, hospitales, calles, parques, bibliotecas, entre otros bienes públicos, no debe ser más un asunto pendiente.
En muchas ciudades de buen tamaño donde supuestamente queremos aprovechar todo el potencial del nearshoring, vemos sistemas de transporte verdaderamente deplorables, lo que ocasiona que muchas personas no quieran salir a trabajar, por el costo que conlleva moverse en el transporte público.
A nivel global, y México no es la excepción, preferimos apostar a urbanizar para los automóviles, a pesar de ser la principal fuente de emisión de Dióxido de Carbono en lo relacionado con transporte.
Los autos aportan el 48 por ciento de las emisiones de CO2 con respecto al total de emisiones de los distintos medios de transporte, de acuerdo con datos de la International Energy Agency (IEA).
En contraste, el autobús, que es donde se transportan mucha más gente, aporta solo el 6 por ciento de las emisiones totales de CO2.
Dicho de otro manera, destinamos una gran cantidad de recursos públicos y privados a alternativas con el mayor impacto ambiental.
Ojalá que el próximo gobierno tengamos una presidenta que escuche con atención las diversas propuestas que desde la sociedad civil se vienen realizando para tener un país con perspectiva energética de futuro.
Participación en las emisiones de CO2 de acuerdo con las distintas fuentes de transporte
Fuente: Statista con datos de la International Energy Agency en 2022.
X: @romero_hicks
Facebook: José Luis Romero Hicks
Referencias:
https://imco.org.mx/propuestas-para-la-energia-que-queremos-2024-2030/
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