Donald Trump dio un paso más hacia la militarización de la política migratoria el jueves pasado al ordenar la movilización de la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar las protestas contra las agresivas redadas migratorias que ha lanzado en todo EEUU. Basó su decisión en una ley que le permite federalizar esa fuerza armada cuando hay insurrección, necesidad de proteger propiedades federales, imposibilidad de hacer cumplir las leyes o amenazas a los derechos civiles. Pero el mensaje fue claro: está dispuesto a usar soldados para sofocar la disidencia política y proyectar fuerza ante la crítica.
Aunque el marco legal existe, su aplicación fue vista por muchos como excesiva. El gobernador de California, Gavin Newsom, luego de asegurar que no hay una insurrección en su estado, calificó la medida de inconstitucional y advirtió que el presidente busca imponer una agenda autoritaria bajo el disfraz de legalidad. Aseguró que desplegar tropas ante protestas pacíficas alimenta el temor, no la paz.
Algunos analistas consideran que la orden de Trump respondió también al conflicto que sostuvo días antes con Elon Musk. El despliegue de la Guardia Nacional, más allá de controlar disturbios, podría haber servido para desviar la atención del pleito con el hombre más rico del mundo.
El descontento aumentó cuando, durante las manifestaciones, fue arrestado y herido David Huerta, presidente de un sindicato que representa a decenas de miles de trabajadores latinos. Para organizaciones civiles y líderes comunitarios, su detención evidenció que el objetivo no era proteger el orden, sino criminalizar la protesta y amedrentar a quienes se organizan.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza. El domingo 8 de junio declaró que no comparte “esta forma de abordar el tema migratorio” y pidió una reforma integral que respete los derechos humanos. Antes, el 24 de mayo, rechazó el impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por no ciudadanos, calificándola de injusta, discriminatoria y perjudicial para millones de familias. Incluso advirtió que, si era necesario, México respaldaría movilizaciones pacíficas, sin aclarar si se refería a protestas callejeras u otro tipo de acciones.
Las críticas de la presidenta contrastan con el silencio de sus antecesores, incluido AMLO. En un momento en que Trump recurre al aparato militar para reprimir diferencias políticas y perseguir migrantes, la postura de Claudia Sheinbaum marca un cambio: México ya no acepta que sus migrantes sean tratados como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.
El despliegue de la Guardia Nacional pone a prueba los límites del poder de Trump y el papel del Ejército en una democracia. Una ley federal de 1878 prohíbe que los militares actúen como policía interna. Si esa línea se cruza, como parece estar ocurriendo, no solo se vulnera la Constitución, sino también la confianza de los ciudadanos en su gobierno.
Las declaraciones de la presidenta y la represión ordenada por Trump pueden colocar a ambos en trayectorias de choque y afectar lo que hasta ahora parecía una buena relación personal entre ambos. Si Trump insiste en medidas agresivas contra migrantes y Claudia Sheinbaum mantiene una postura firme, la tensión podría transformarse en su primer gran desencuentro.
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