Le tocó al contralmirante Ramiro Lobato Camacho, director de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina, ofrecer disculpas a los familiares de 40 personas que fueron desaparecidas por 30 marinos en Nuevo Laredo (Tamaulipas) entre febrero y mayo de 2018.
En un evento realizado ayer en esa ciudad, Lobato dijo que “ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados (…) en irrestricto respeto a los Derechos Humanos de las víctimas, sus familiares y seres queridos, la Secretaría de Marina-Armada de México ofrece una disculpa pública…”.
Los 30 marinos fueron arrestados por la FRG en abril pasado atendiendo una recomendación de la CNDH de julio de 2020.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala en su Artículo 27 que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. En su Artículo 29 establece que “Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”.
El delito se ha cometido miles de veces, usualmente por militares, marinos y policías federales, estatales y municipales y los funcionarios que son sus jefes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) o no Localizadas, el número de estas personas era ayer de 89 483, sin que pueda saberse exactamente cuántos fueron víctimas de una desaparición forzada.
El mismo RNPDNO muestra que el número de desapariciones se disparó a partir de diciembre de 2006, después de que en un acto de absoluta irresponsabilidad e insensatez, Felipe Calderón le declarara la guerra a la delincuencia organizada.
Desde 1964 hasta 2006, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas fue de 2430. En 2007, el primer año de la guerra calderonista, el número fue de 2922. Y desde entonces, cada año fue creciendo.
El total durante el gobierno de Calderón fue de 39 039.
Las cosas fueron de mal en peor en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante este periodo la cifra total fue de 95 657 personas.
Y ahora, en la era de la 4T, tenemos que en 2019 el número fue de 21 591, en 2020 de 19 621 y, en lo que va del año en curso, 7379. En total, en el transcurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 48 591, lo que permite suponer que se igualará o superará la cifra que se registró el sexenio pasado.
Qué bueno que hay 30 marinos sujetos a proceso por la desaparición de 40 personas en 2018; sin embargo, ¿dónde están los miles de responsables de quién sabe cuántas desapariciones forzadas cometidas durante los últimos 14 años?
La impunidad sigue.
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