En México, la seguridad tiene dos voces que se contradicen. El gobierno presume avances contundentes: menos homicidios, menos robos, menos secuestros. Según su Reporte de Avances de la Estrategia de Seguridad, presentado ayer por el Gabinete de Seguridad federal, el promedio diario de homicidios dolosos ha caído 34% respecto a 2018; los secuestros, 59%; los robos con violencia, casi 49%. En papel, el país parece más seguro que nunca. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó estos resultados a la consolidación de la Guardia Nacional, a la coordinación con los gobiernos estatales y a un enfoque preventivo basado en atender las causas sociales de la violencia. También destacó el fortalecimiento del sistema de inteligencia y la reducción de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, y argumentó que su estrategia privilegia la investigación sobre la confrontación directa.
Pero en la calle, la historia es otra. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) —levantada por el INEGI del 26 de agosto al 12 de septiembre de 2025— revela que 63% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, cinco puntos porcentuales más que hace un año. La brecha de género es clara: 68% de las mujeres siente miedo frente a 57% de los hombres. Y ese miedo se vive todos los días: 71.7% teme usar cajeros en la vía pública, 64.9% desconfía del transporte y 64.4% no se siente seguro ni caminando.
¿Puede un país ser más seguro en cifras, pero más inseguro en la vida cotidiana? Sí, y la explicación la ofrece la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada el 18 de septiembre de 2025. Su diagnóstico es inequívoco: el 93.2% de los delitos cometidos en 2024 no se denunciaron o no derivaron en una carpeta de investigación. Dicho de otro modo, el gobierno basa sus datos en apenas el 6.8% del total de 33.5 millones de delitos que realmente ocurrieron.
El resto se pierde en el pantano de la impunidad. La ENVIPE detalla que 63% de las razones para no denunciar se deben a la autoridad: 37% de los hombres y 32% de las mujeres consideran que es “una pérdida de tiempo”, mientras 14.8% y 13.3%, respectivamente, desconfían abiertamente de policías y ministerios públicos. Y cuando se denuncia, el resultado tampoco anima: solo el 0.8% de los casos tuvo una resolución favorable.
El robo ilustra mejor que nada este abismo. El gobierno celebra una reducción de 45% en las denuncias de robo a transeúnte, pero la ENSU reporta que casi la mitad de la población (47.6%) ha presenciado o escuchado un asalto reciente. La gente no dejó de ser víctima; solo dejó de perder el tiempo denunciando.
El gobierno no miente cuando dice que el número de delitos bajó. El INEGI tampoco miente cuando reporta un mayor miedo. Ambos describen partes distintas del mismo país: un gobierno que mide las denuncias ante las fiscalías locales y una ciudadanía que mide su realidad cotidiana. La verdadera paradoja es que, mientras los números mejoran, la gente teme cada vez más salir a la calle. Y no por paranoia, sino porque sabe que en México el delito no se castiga: solo se contabiliza o, peor aún, se ignora.
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