El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, presentó ayer el Índice Global de Impunidad 2020 elaborado conjuntamente por dicha universidad, por su Centro de Estadios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y por el Jenkins Graduate School de la misma UDLAP.
La información que contiene no puede ser más desalentadora en vista de que indica que desde que se elaboró el IGI anterior, en 2015, nada se avanzó para corregir las graves fallas estructurales que permiten que la impunidad sea parte de la cotidianidad de los mexicanos.
El IGI define impunidad como: “…la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas (…) Entendemos la impunidad como una ‘cadena de impunidad’: proceso que inicia con la denuncia de un delito, continúa con la investigación por parte de las instituciones procuradoras de la justicia, la resolución de las instancias responsables de impartir justicia y finaliza con el castigo y/o reparación del daño”.
El principal objetivo del IGI es “visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia” ya que los “altos índices de impunidad pueden estar interrelacionados con problemas de desigualdad socioeconómica, acceso a la justicia, fragilidad del Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, y (…) mayores violaciones a los derechos humanos”.
Con base en la información disponible hasta 2019, el IGI incluye 69 países, México entre ellos. 136 no fueron incluidos por “irregularidades o inconsistencias significativas en la presentación de la información” o porque no difunden “estadísticas suficientes sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada”.
Mediante una calificación que va de los 20.26 a los 68.82 puntos, los 69 fueron clasificados dentro de una de cuatro categorías: 1) Impunidad muy baja (de 20.26 a 32.97 puntos); 2) Impunidad baja (de 33.06 a 38.42); 3) Impunidad media (de 38.82 a 47.63); y 4) Impunidad alta (de 47.69 68.82).
México, al recibir 49.67 puntos, quedó en la nada distinguida posición 60, solo arriba de Kirguistán, Nepal, Guyana, Paraguay, Azerbaiyán, Argelia, Marruecos, Honduras y Tailandia.
En lo que a México se refiere, las principales conclusiones que presentó ayer Derbez son las siguientes:
Hay 347.76 policías por cada 100 000 habitantes, arriba del promedio mundial de 314.86. Esto significa que no trabajan bien.
Hay 2.17 jueces por cada 100 000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 17.83. Así es imposible tener un sistema de impartición de justicia eficiente.
¿Por qué la maldita impunidad es parte de la cultura nacional?
El IGI 2020 responde la pregunta y corrobora que quienes han gobernado al país desde 2015 no han hecho nada para corregir la situación.
El IGI 2020 está en www.udlap.mx/cesij/
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