El 1 de marzo pasado, al arrancar su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante decenas de miles de personas su plan de 100 pasos para la transformación, que incluye propuestas que resuenan entre la población al enfocarse en la economía, la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, la pregunta clave es si realmente se implementarán o se quedarán, como tantos otros planes y promesas hechas por políticos, en el aire.
Entre las más populares se encuentran las que prometen mejoras económicas. Ampliar las pensiones universales y aumentar el salario mínimo hasta cubrir 2.5 canastas básicas diarias son medidas que impactarían a los sectores más vulnerables. En un país donde casi el 45% de la población vive con ingresos insuficientes, estas promesas suenan como un alivio. Pero, ¿cómo lograrlo sin crear un hoyo en las finanzas públicas? Este es un reto para la nueva presidenta.
El aumento de salarios para maestros, policías y trabajadores de la salud es una propuesta que beneficiará a casi 4.5 millones de personas que son esenciales para el funcionamiento del país y que nunca han recibido una compensación adecuada por su labor. Reconocer su esfuerzo con mejores salarios es justo y necesario.
El acceso a la educación es otro tema crucial en el plan de CSP. La beca universal para estudiantes de educación básica y el aumento de becas para media superior aliviarían la carga financiera de millones de familias, permitiendo que más niños y jóvenes continúen sus estudios sin que las limitaciones económicas sean un obstáculo. Además, la gratuidad de la educación superior en universidades públicas entusiasma a los jóvenes que buscan oportunidades de crecimiento. No obstante, garantizar el acceso a la educación no es suficiente; también es crucial elevar la calidad educativa, que hoy deja mucho que desear.
La propuesta de afiliación universal al Servicio Público de Salud es una de las más llamativas, ya que busca cubrir al 28.5% de la población que no tiene acceso a servicios médicos. Esta medida sería un paso importante para reducir la desigualdad en el acceso a la atención médica, uno de los temas más críticos en el México actual. Sin embargo, es necesario elevar la calidad de dichos servicios.
El Programa Nacional de Salud Mental es otra propuesta clave para el país donde hasta 25 millones de personas enfrentan problemas como ansiedad y depresión, Invertir en salud mental no solo mejoraría la calidad de vida, sino que también aliviaría la presión sobre el sistema de salud al atender estos problemas de manera temprana.
La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. La presidenta propone la consolidación de la Guardia Nacional y la tipificación de la extorsión como delito grave, medidas que supuestamente ayudarán a combatir más eficazmente la delincuencia y mejorar la seguridad en el país.
Las propuestas más atractivas de la nueva presidenta de México tienen el potencial de transformar áreas clave como la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, su éxito dependerá de contar con recursos financieros suficientes y una burocracia eficiente que garantice su implementación.
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