Los aranceles que Donald Trump ha impuesto a México con el argumento de frenar el tráfico de fentanilo reflejan una narrativa cómoda pero falsa: que la epidemia y el alto consumo de drogas en EEUU son culpa exclusiva de los cárteles mexicanos. Según esa versión, el enemigo está al sur del Río Bravo y la solución pasa por cerrar la frontera o bombardear laboratorios en Sinaloa. Pero los datos de sus propias agencias encargadas de combatir el narcotráfico muestran otra realidad: la mayor parte del contrabando, distribución y venta de fentanilo dentro de EEUU está en manos de sus propios ciudadanos.
Desde el año 2000, más de 1.15 millones de estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides, en su mayoría vinculadas al fentanilo. Es una cifra apenas inferior a los 1.35 millones que murieron en todas las guerras en las que EEUU ha participado desde 1775. Por eso sus políticos prefieren culpar a México y hablar de “invasión” y de “terrorismo” antes que reconocer la crisis interna de consumo, desigualdad y desesperanza que alimenta la demanda de drogas.
Los hechos son contundentes. En 2024, el 86.4% de las condenas federales por tráfico de fentanilo correspondieron a ciudadanos estadounidenses. Más del 80% de los casos de narcotráfico involucraron también a personas nacidas en ese país. Los cárteles mexicanos fabrican y exportan drogas, pero quienes las introducen, almacenan y venden en EEUU son, en su mayoría, estadounidenses.
El negocio es gigantesco en EEUU: de entre 150,000 y 185,000 millones de dólares anuales, y el fentanilo representa ya entre 20,000 y 50,000 millones. A pesar de los operativos, el tráfico se adapta: este año las incautaciones de fentanilo en la frontera han caído 52%, muestra de que las redes domésticas son cada vez más eficientes.
Los llamados mules —transportistas que cruzan la droga— son en su mayoría ciudadanos de EEUU contratados por los cárteles por unos cuantos miles de dólares. Después, las redes locales se encargan de la distribución: desde los Knoccout Crips en Washington hasta la Aryan Brotherhood en Arizona o la Mexican Mafia en California. Más de 20,000 pandillas con un millón de miembros operan hoy en casi todos los estados.
Estas organizaciones no dependen del control directo de los cárteles. Algunas son socias; otras, simples clientas. MS-13 y la 18th Street compran fentanilo al Cártel de Sinaloa; los supremacistas del Aryan Brotherhood fabrican sus propias pastillas; y los Trinitarios lo distribuyen en el noreste. Incluso en las cárceles, las mafias estadounidenses mantienen viva la red de tráfico y distribución.
Aun así, Trump insiste en culpar solo a México. Por eso declaró otra “guerra” contra los cárteles, impuso aranceles y amenaza con posibles acciones militares. Pero esa política del espejo roto impide ver lo esencial: sin consumidores ni vendedores estadounidenses no habría crisis del fentanilo, ni consumo masivo de drogas, ni cárteles mexicanos.
El problema no se resuelve con muros ni con drones, sino con prevención, educación y tratamiento dentro del propio EEUU. El fentanilo y las demás drogas son un problema estadounidense, no solo mexicano. Mientras EEUU, hipócrita, siga mirando al sur para evitar mirarse, los muertos seguirán acumulándose de ambos lados de la frontera.
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