Un artículo publicado el 30 de abril de 2019 en el periódico El Economista informó que en México trabajan en actividades económicas no domésticas más de 2.3 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, 70% de ellos son niños mientras que el 30% son niñas. 2.1 millones -el 91% del total –realizan actividades no permitidas por la ley, ya sea por su edad o porque son peligrosas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que este año, a causa de la pandemia y la crisis económica, el porcentaje de los habitantes de nuestro país que viven en pobreza aumentará del 41% al 46.9%.
En junio pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF ) señaló, en su reporte COVID-19 y el Trabajo Infantil -Un momento de crisis, un tiempo para actuar, que “un aumento de 1 punto porcentual en la pobreza conduce a al menos un aumento de 0.7 puntos porcentuales en el trabajo infantil”.
Con base en el cálculo del UNICEF, el número de niños que trabajan en el país aumentará 11.1% y al final de 2020 serán 2 555 300 de menores de edad los que estén trabajando para sobrevivir o contribuir a la supervivencia de sus familias.
El problema es grave, porque, como lo explica el UNICEF en su reporte: “el trabajo infantil interfiere con la escolarización y es perjudicial para el desarrollo físico, mental, social y / o moral del niño”.
Todo lo anterior es conveniente recordarlo porque ayer, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora general del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, demostró no tener la más mínima idea de lo que sucede en el país.
La ignorancia o ineptitud de García Pérez quedó de manifiesto cuando la reportera Berenice Téllez, después de referirse a los niños que pueden verse “de manera cotidiana en las calles de las principales ciudades… donde son explotados”, le preguntó “¿si hay algún mecanismo, alguna coordinación con los gobiernos estatales, municipales… para ir resolviendo esta problemática que se ha agudizado con la pandemia, los niños no están en la escuela y algunos tutores a causa de la marginación, de la ignorancia … los obligan a trabajar y están en las calles?”.
Resulta difícil creer que la funcionaria dio esta respuesta: “Efectivamente, el trabajo infantil a través de la Procuraduría en Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un programa específico para evitarlo y, de hecho, varias acciones. Por ejemplo, qué bueno que lo comenta, porque este año se hizo un concurso infantil a nivel nacional en contra del trabajo infantil y ese es el tema, en donde los niños hablarán y darán su punto de vista en cuanto al trabajo infantil. Esto como una acción nada más…”.
García Pérez evidentemente no tiene idea de la magnitud del problema y cree que mediante concursos infantiles cumple con lo que establece el Artículo 4 de la Constitución: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez…”.
La respuesta de la encargada del DIF fue tan tonta que el mismo Andrés Manuel tuvo que salir al quite para defender sus políticas a favor de la niñez.
Personas como García Pérez desprestigian al gobierno de la 4T.
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