Cuando se habla de delincuencia organizada, la mayoría de las personas piensan, erróneamente, que ésta solo se refiere al narcotráfico porque, en realidad, los criminales organizados se dedican a diversas actividades.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y presentada en septiembre pasado, la delincuencia organizada no solo se dedica al narcotráfico, sino también al secuestro, la extorsión, el robo de hidrocarburos, la trata de personas, la defraudación fiscal y el tráfico ilegal de especies protegidas, de armas y de migrantes.
Y no solo a eso, también a la producción y/o venta de medicamentos, productos electrónicos, prendas de vestir, zapatos, licores, libros y software falsificados, prostitución, apuestas ilegales, venta de medicamentos que requieren receta médica, contrabando de cigarrillos, saqueo y tráfico de tesoros arqueológicos, venta de maderas obtenidas de bosques y selvas protegidos y asesinatos por contrato.
También hay bandas especializadas en invasión de inmuebles y de predios urbanos y rurales, robos de casas, comercios y vehículos, asaltos en la vía y el autotransporte públicos y muchos otros delitos.
Desde los poderosos y célebres cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa, hasta pequeñas bandas de asaltantes o extorsionadores que solo son conocidas por sus víctimas, es cada vez más usual que un delincuente no actúe de manera independiente, sino que forme parte de una organización que le dé un sentido de pertenencia social y lo que podríamos calificar como “seguridad laboral”.
Además de los delincuentes que hacen el trabajo sucio, están los llamados de cuello blanco: los abogados que los defienden de las autoridades cuando son capturados, y los contadores y fiscalistas que administran y lavan su dinero mal habido. Y no solo eso: algunos médicos son contratados por algún grupo criminal para prolongarles las vidas a quienes torturan o para atender a delincuentes heridos.
El crimen organizado, sea de grandes o pequeñas dimensiones, está presente en todo el país.
También de acuerdo con la UIF, hay 19 grupos criminales de importancia en el país y no hay entidad federativa en donde no haya la presencia de al menos uno de ellos.
El CJNG está presente en 27 estados, el Cártel de Sinaloa en 21, el Cártel del Golfo en 14, Los Zetas en 13, el Cártel del Noreste en cinco y Guerreros Unidos en cuatro. La Familia Michoacana y los Beltrán Leyva actúan en tres estados; Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión, el Independiente de Acapulco y Nueva Plaza en dos; y el Cártel de la Sierra, La Nueva Familia Michoacana, el Nuevo Cártel de Juárez, Los Viagras y Los Colombianos en una sola entidad cada uno.
A estos hay que añadir los cientos de grupos medianos y pequeños que buscan controlar a las autoridades del área en donde actúan.
Ante esta realidad, no debe sorprendernos el nivel de violencia que se ha dado en esta temporada electoral. Los delincuentes pretenden, ya sea mediante asesinatos o amenazas, que los próximos gobernantes municipales y estatales los dejen, por lo menos, delinquir en paz y, en el mejor de los casos, los cubran con un manto protector.
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