Muchos me dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no supo negociar un mejor acuerdo con el gobierno de Donald Trump, después de que éste amenazara con imponer un arancel a todas las exportaciones mexicanas destinadas al principal mercado del mundo. Un arancel que a partir del 10 de junio hubiera sido del 5% para luego ir aumentando cinco puntos porcentuales cada mes hasta llegar al 25% en octubre de este año.
Una vez que el presidente estadounidense lanzó su amenaza, el jueves 30 de mayo, la mayoría de los líderes empresariales y políticos de todos los partidos dijeron que los aranceles provocarían un aumento en los precios finales de los productos mexicanos y que quienes los adquirieran en Estados Unidos serían los que acabarían pagando.
Lo anterior es cierto, pero también los mexicanos, sobre todo los más pobres, hubiéramos sufrido por la imposición arbitraria de los aranceles, y nuestro sufrimiento hubiera aumentado mes tras mes hasta que, al llegar al 25%, quedaran devastadas tanto nuestra economía nacional como la personal.
El solo hecho de que nuestra moneda perdiera valor frente al dólar hubiera encarecido, para empezar, lo que en México comemos, ya que el 60% de los alimentos que consumimos son importados. Por ejemplo, una ligera depreciación causaría un aumento en el precio del maíz importado, que a su vez ocasionaría que “la tortilla que costaba 15 pesos el kilogramo, pase a costar 17 pesos”, según el presidente del Consejo Agrario Permanente, José Luis González Aguilera.
La realidad es que el equipo que AMLO envió a Washington para discutir el asunto con la gente de Trump, no tuvo la oportunidad de negociar gran cosa.
Desde un principio, los dos Mike –el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo– asumieron una postura dura e intransigente ante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su equipo de negociadores.
El arancel iba, dijeron los gringos, porque México nunca había hecho gran cosa para detener las olas migratorias hacia Estados Unidos. Es más, durante décadas, los funcionarios federales y locales promovieron que millones de mexicanos emigraran con el fin de aminorar las presiones sobre el mercado laboral del país, a sabiendas de que los paisanos radicados en el vecino norte enviarían miles de millones de dólares cada año para incentivar el consumo interno.
Y no solo eso, la emigración de alguna manera incitada por los gobiernos mexicanos también fomentó la creación y desarrollo de bandas de traficantes de seres humanos que con casi absoluta impunidad se dedicaron y dedican a transportar hombres, mujeres y niños a través del país hacia la frontera norte, obteniendo por ello ganancias que llegan a los 6 000 millones de dólares anuales, según lo ha dicho el mismo Ebrard.
En pocas palabras, para el gobierno de EEUU, las autoridades mexicanas contribuyeron, desde hace muchos años, a generar el problema que ahora le exigen al gobierno de López Obrador que resuelva.
El hecho de que Trump decidiera suspender indefinidamente el arancel debe ser visto como un éxito del gobierno de la 4T, le guste o no a sus detractores que nunca aceptarán un logro gubernamental mientras Andrés Manuel sea presidente de México.
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