En una mañanera cargada de símbolos —el 5 de mayo, la defensa de la soberanía— la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una ampliación del Plan México que busca reactivar la producción nacional, sustituir importaciones y aumentar el contenido local en las compras públicas, especialmente de la CFE.
Los objetivos: proteger el empleo mexicano combatiendo prácticas desleales y promover una política industrial activa. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se cancelarán 1,062 registros de molinos de acero que presentaban información falsa, inconsistencias o correspondían a fábricas inexistentes. Esos registros eran usados por importadores para simular un origen legítimo del acero, evadir aranceles y eludir la trazabilidad requerida por ley. También dijo que ocho empresas inscritas en el programa IMMEX importaron textiles y calzado para reexportarlos, pero en realidad los vendieron en México. El fraude asciende a 24 mil millones de pesos y las ocho están bajo investigación de la FGR. También señaló que, desde la imposición en diciembre de aranceles del 35% a textiles y calzado provenientes de países sin tratado comercial con México, las importaciones de prendas cayeron 60%.
Ebrard añadió que importaciones desde países asiáticos sin tratados comerciales se redujeron drásticamente, mientras que la participación de los socios del T-MEC aumentó del 15% al 24%. Las importaciones temporales, otro canal frecuente de evasión, también cayeron 53%.
Otro anuncio fue el ajuste de precios de referencia, que son valores mínimos oficiales para calcular impuestos sobre importaciones. Muchos importadores declaran precios artificialmente bajos para pagar menos aranceles. Se actualizarán en sectores como muebles, juguetes y papel, para evitar subvaluaciones y proteger la producción local. También iniciará en junio una campaña de promoción del consumo de productos nacionales, en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que la CFE elevará el contenido nacional en sus proyectos de inversión: de 25% a 60% en distribución eléctrica, de 30% a 60% en transmisión, y un incremento limitado en generación, donde los principales equipos aún se importan. El objetivo es canalizar la expansión del sistema eléctrico para fortalecer a los proveedores nacionales.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estimó que si se sustituye el 10% de las importaciones manufactureras y se nacionaliza el 10% de las compras públicas, el PIB podría crecer 0.7 puntos porcentuales adicionales al año y se generarían 700 mil empleos. Su razonamiento económico es válido, pero lograrlo no es nada fácil: sustituir importaciones requiere un buen marco regulatorio, certeza jurídica, inversión, tecnología, logística, normas de calidad y financiamiento. Incluso en países con política industrial activa, lograrlo toma entre 3 y 5 años.
La estrategia trazada por la presidenta Sheinbaum es certera porque México no puede ni debe depender eternamente de las importaciones. Lo anunciado ayer es el inicio de la larga batalla por la soberanía industrial y para ganarla se necesitarán años de ejecución, inversión pública y diálogo constante con el sector privado.
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