Un tratado de libre comercio no es una simple narrativa de borrar fronteras o de eliminar tarifas. El libre comercio es el reconocimiento de apertura y tránsito de bienes y servicios entre naciones. El TLCAN de 1994 posponía diez años el capítulo agropecuario. Tal vez la visión de Salinas de Gortari no consideraba este rubro con la madurez necesaria para competir y al parecer concedía a productores la oportunidad de agruparse, de crear uniones regionales de producción. Pero los antecedentes del campo mexicano importan, desde distintos ángulos; con Luis Echeverría se creó un Fondo Nacional de Fomento Ejidal para impulsar mecanismos de modernización del agro. En su sexenio fueron creadas 690 empresas que López Portillo decidió liquidar por improductivas. Se incorporó un fideicomiso liquidador y para no abandonar el tema de industrializar el campo, se fundó un Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria, con un buen rédito y desempeño. Por antecedentes no escasean las bases que dieron origen al sinnúmero de políticas de auxilio y apoyo gubernamental. Por décadas, operó un sistema clientelar que dotaba al campesino desde la semilla hasta la comercialización; para ello, El Banco Ejidal y el Banco Agrícola dominaban la escena del crédito, en tanto los siniestros eran amparados por la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera.
El último proceso en la cadena lo hacía CONASUPO bajo un esquema de precios de garantía para brindar un techo de protección al pequeño productor. El fenómeno de la tierra es un icono derivado de una revolución que justamente reclamaba el reparto de la misma. Desligar ese precepto inviolable encaminó las cosas a un paternalismo que devolvía la envoltura paternal, con adhesión inmediata a una Confederación Campesina desde la cuna y en la nación entera. El balance de producción de tantos años bajo ese esquema no puede juzgarse en forma negativa, toda vez que el proceso tenía una configuración que los años perfeccionaron. Todo proceso probado o no, es desafiado por mecanismos innovadores unos y los más, acomodan prerrogativas de supuesta mejora conforme los nuevos regímenes pretendían imponer una nueva trayectoria, sin abandonar la adhesión tan provechosa en lo electoral.
En esa configuración que se menciona, el Banco Rural agrupó toda la función crediticia y la última transformación culminó en una Financiera Rural, ahora extinta, liquidada por López Obrador. De esta manera, con esta breve explicación, damos cuenta que el campo mexicano no tiene ninguna institución de apoyo formal. Desde el arribo del populismo, las instituciones no tienen cabida y en su lugar se crean dotaciones directas que en el lenguaje de López Obrador, eliminan el intermediarismo que supuestamente privó en una era que denominó como neoliberal. Entonces se instaló una simulación de apoyo al agro bajo una medida de supuesta confianza y supuesta orientación de cultivo y otras premisas tendientes a la producción. Esta farsa implementó un mayor intermediarismo en la captación de cuotas que nunca llegaron al campo y aceleró cacicazgos otrora casi extintos.
Esta práctica de destinar recursos en forma directa, como la misma dádiva que interrumpe el verdadero ingreso, ha resultado en un mecanismo de control de subsistencia precaria. El discurso desde luego mencionaba una y otra vez la autosuficiencia alimentaria como meta para la nación. No hay tal, desde luego, pero nunca hubo esa intención tampoco. El reparto de un recurso es captura simple y llana, pero la verdadera intención es sentar una precariedad que no resuelva y no edifique las bases de un patrimonio familiar. Descansar en una dádiva gubernamental es una función programática que en teoría protege al supuesto beneficiario, cuando en realidad desprotege de iniciativa para fomentar metas individuales de mejora.
El campo mexicano es tierra fértil para esta mezquindad. El hombre de la ciudad de una manera u otra ajusta su precariedad a su forma de vida; esa es la apuesta del esquema social. El campesino no tiene grandes alternativas y termina en el eterno autoconsumo, recurso inevitable para su sustento. El gobierno populista descompone las fórmulas productivas con cuotas fijas, por así llamar a un mecanismo de control con una dotación no crediticia, creando un vicio irreparable en el agregado regional y en el nacional. Vicios en la función agropecuaria siempre han existido, pero las instituciones formales son indispensables. Los diez años para incorporar el campo al TLCAN, como ha sido mencionado, tuvo consecuencias favorables en las administraciones que siguieron desde 1994; se lograron ventajas comparativas y numerosas exportaciones de productos del agro mexicano han logrado asiento de consideración en el mundo.
Hoy tenemos un panorama incierto. Los grupos delincuenciales han invadido renglones productivos y en el peor de los momentos tenemos aranceles. El gobierno carece de iniciativas de producción y de proyectos viables a productores. Nuestras ventajas comparativas se diluyen, la importación crece, la producción doméstica sufre y la canasta básica no cumple con su propósito de atender la dieta alimenticia de las familias. Los precios de los alimentos están muy por encima de la tasa inflacionaria que regula y vigila el comercio y las manufacturas. Existe una presión formal e informal de la Casa Blanca ante revisiones del T-MEC, pero la vía no oficial presiona para cancelar la nociva reforma judicial. Vivimos días verdaderamente representativos ante una elección de juzgadores que anuncia un estrepitoso fracaso. Veremos.
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