Desde 2007, Estados Unidos ha experimentado repercusiones debido a las políticas implementadas por el gobierno de Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. Entre 2007 y 2010 se llevaron a cabo expropiaciones de empresas estadounidenses, principalmente en los sectores petrolero y de servicios, mediante la nacionalización de instalaciones y operaciones que anteriormente contaban con participación extranjera. Estas acciones obligaron a diversas multinacionales a aceptar el control estatal o retirarse del país, lo que resultó en la presentación de demandas internacionales por parte de las compañías afectadas, y las cuales continúan. Esto generó consecuencias económicas para empresas estadounidenses a corto plazo. Las acciones de expropiación implementadas por Venezuela incentivaron a Estados Unidos a enfocarse en su propio territorio, invirtiendo en tecnología, desarrollo de campos y, especialmente, en la reducción de la importación de petróleo crudo.
Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014, se consolidó plenamente el desarrollo y la rápida expansión de la producción de Shale oil. La producción de petróleo crudo en Estados Unidos experimentó un notable incremento, duplicándose desde 5.5 millones de barriles diarios en 2010 hasta alcanzar aproximadamente 13 millones de barriles por día en 2019.
En 2015, el país ingresó al grupo de exportadores mundiales de petróleo crudo. En 2016, se constituyó la coalición OPEP+ con el objetivo de frenar una posible hegemonía de Estados Unidos y controlar el precio del barril. Para 2018, Estados Unidos logró posicionarse como el principal productor de petróleo a nivel global, superando a Arabia Saudita y Rusia, gracias al desarrollo del shale oil. Hasta la fecha, ningún otro país ha desplazado a Estados Unidos de ese liderazgo.
Estados Unidos ha invertido en el desarrollo de nuevas técnicas para perforar, terminar, reparar y reacondicionar yacimientos y pozos, así como en la mejora de la infraestructura para la movilidad tanto de petróleo crudo como de gas. Esta experiencia acumulada por diversas empresas durante los últimos 15 años puede, sin duda, integrarse en la estrategia recientemente anunciada por el presidente Trump para tomar control del sector petrolero de Venezuela. De concretarse este escenario, es previsible que, a corto plazo, se presenten numerosos cambios que podrían impactar a diferentes países, incluido México.
En 2025, el precio del barril de Venezuela ha registrado fluctuaciones dentro de un rango de 45 a 50 dólares por barril; la mezcla mexicana se ha situado entre los 50 y 60 dólares, mientras que el promedio del barril canadiense oscila entre los 50 y 55 dólares. Esto indica que el costo del barril venezolano es inferior al de aquellos países cuyos productos son adquiridos en mayor proporción por las refinerías de Estados Unidos.
El apoyo directo e inmediato de Estados Unidos a Venezuela, particularmente en el sector extractivo como primera fase y posteriormente en la reactivación de la infraestructura para incrementar la producción de petróleo y gas, representa un desafío estratégico para México, Canadá, China y Rusia.
Venezuela podría posicionarse como uno de los principales competidores frente a México con el respaldo de Estados Unidos en dos ámbitos específicos que afectan al país.
En primer lugar, diversas empresas que han adquirido experiencia y tecnología durante sus actividades en los últimos quince años podrían trasladar este conocimiento a dicho país, lo que permitiría incrementar la producción en un periodo relativamente corto. Esto implica que PEMEX podría enfrentar una disyuntiva respecto a los contratos mixtos, ya que las empresas participantes deben asociarse con la empresa estatal y compartir un porcentaje de las utilidades obtenidas en cada asignación. En caso de que compañías de servicios resulten adjudicatarias de contratos con PEMEX, surge incertidumbre en torno a los pagos a recibir en el corto plazo, considerando la problemática actual de la empresa relacionada con su deuda acumulada con proveedores. En el supuesto de que se lleve a cabo la propuesta del presidente Trump de apoyar a Venezuela, las empresas estadounidenses podrían encontrar condiciones favorables para operar en ese país. El pago rápido por sus servicios haría más rentable el envío de equipos, personal y tecnología, resultando en niveles de rentabilidad superiores a los obtenidos en México. Además, las empresas operadoras de campos no estarían obligadas a compartir utilidades y podrían explotar y recuperar su inversión bajo ciertas normativas específicas. México dependerá en gran medida de las empresas nacionales para implementar la nueva estrategia de PEMEX. Sin embargo, la capacidad de estas empresas estará condicionada por la disponibilidad de equipos, personal y demás recursos necesarios para cumplir con los contratos establecidos con la empresa estatal, ya que muchas no disponen de todos estos elementos propios o desarrollados internamente.
La segunda afectación derivaría de la nueva estrategia de México para alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios, con el objetivo de exportar un máximo de 400 mil barriles de petróleo crudo (de los cuales 150 mil corresponden a Deer Park). Bajo este escenario, únicamente podrían enviarse entre 250 mil y 300 mil barriles a refinerías de Estados Unidos, quienes eventualmente podrían cesar sus compras, si acceden a crudo venezolano más económico y bajo condiciones más favorables. En este contexto, México debería considerar otorgar un mayor descuento a Estados Unidos o, alternativamente, redirigir sus exportaciones hacia otras regiones del mundo ofreciendo incentivos competitivos. Esto resulta pertinente ante la posible mayor presencia de ciertos crudos, como el ruso, con el fin de preservar su cuota de exportación. Esta situación podría afectar significativamente a PEMEX, ya que entre el 18% y el 20% de sus ingresos provienen de la exportación de petróleo crudo. Adicionalmente, se prevé una disminución en el flujo de divisas, relacionada tanto con la reciente caída en las remesas como con políticas más restrictivas para el envío de dinero desde Estados Unidos hacia México.
En relación con Canadá, como principal exportador de petróleo crudo a Estados Unidos, este último podría utilizar dicha posición como elemento estratégico durante la revisión del TMEC. Estados Unidos tiene la posibilidad de modificar su postura, considerando que parte del petróleo canadiense puede ser reemplazado por suministros provenientes de Venezuela, lo que reduciría el volumen enviado por Canadá a las refinerías estadounidenses. El precio del barril canadiense estaría sujeto a mayores descuentos o a negociaciones para eliminar aranceles, dado que en meses recientes se han aplicado tarifas al crudo canadiense en ciertos periodos.
A comienzos de 2026, se estima que la deuda de Venezuela con China asciende a un rango de 10,000 a 13,000 millones de dólares, según fuentes independientes y declaraciones oficiales recientes. Aunque el monto histórico acumulado desde 2007 — tras la expropiación de empresas estadounidenses — supera los 60,000 millones de dólares, una proporción significativa de dicha deuda fue saldada mediante entregas de petróleo. No obstante, el país se encuentra técnicamente en situación de cese de pagos desde finales de 2017. Aunque ha mantenido el envío de crudo a China con el fin de atender sus obligaciones de deuda, esta continúa incrementándose. En caso de que Estados Unidos asuma el control del sector petrolero, la nueva administración venezolana, deberá negociar los términos de pago de la deuda con el país asiático. Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo enviado a China se utiliza para cumplir con las obligaciones de deuda, incluyendo descuentos de entre 15 y 20 dólares por barril. Estados Unidos permitiría que China reciba la misma cantidad de crudo destinada al pago de la deuda, o bien, China tendría que aguardar el flujo de efectivo proveniente de regalías o acuerdos establecidos con empresas estadounidenses respecto a la explotación de los campos petroleros. Esta situación plantea una interrogante importante sobre el futuro de dichas transacciones.
En caso de que Venezuela y China lleguen a un acuerdo en el cual se envíe únicamente el volumen de petróleo crudo pactado para saldar la deuda previamente acordada antes del cambio de administración, China deberá buscar otro proveedor de petróleo crudo a bajo costo. Rusia podría convertirse en esa alternativa, dada su necesidad de colocar barriles de exportación debido a la disminución prevista en sus ventas de gas natural a Europa en 2027. Esta situación permitiría a China acceder a mayores descuentos por parte de Rusia, lo que podría afectar negativamente las finanzas públicas rusas. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Rusia, se ha confirmado oficialmente que la dependencia presupuestaria de los hidrocarburos disminuirá a un 22-23% para el año 2026 respecto al total del presupuesto, en comparación con México, cuya participación oscila entre el 14 y el 16%. Esta reducción es significativa en relación con el histórico 50% registrado durante la década de 2010 y el 30% correspondiente al año 2024. Se proyecta que los ingresos provenientes del petróleo y el gas alcanzarán 8.9 billones de rublos en 2026 (equivalentes a 110 mil millones de dólares), lo cual representa una cifra estable pero aproximadamente un 20% inferior a los niveles observados en 2024.
En conclusión, Estados Unidos podría influir en el precio del barril al contar con un miembro de la OPEP como aliado. México enfrentaría un nuevo competidor en materia de inversiones en el sector petrolero y en la venta de petróleo crudo. Canadá deberá negociar sus estrategias para la comercialización de su petróleo. China necesitará establecer un nuevo acuerdo respecto a la recuperación de los préstamos otorgados. Rusia probablemente tendrá que ofrecer mayores descuentos en el precio del barril para mantener la estabilidad de sus finanzas públicas.
Este escenario ilustra la nueva dinámica de la geopolítica mundial ante el cambio de régimen en Venezuela.
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