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Pasivos de contingencia de esta transición

En tres años la deuda nacional ha crecido 2.6 billones de pesos.

14 de marzo, 2022

Alguna vez mencionó el presidente que prevalecerían los negocios públicos por encima de los privados. Tres años después todavía no podríamos concluir esta sentencia en ningún sentido; por principio, el gobierno, o mejor expresado, los gobiernos no hacen negocios. Tal vez esta referencia derivaría en asuntos de trascendencia para la vida pública de la nación o tal vez la referencia era a prioridades. La realidad es que no aflora en ninguna dirección el supuesto privilegio. Si el afán de autosuficiencia significaba el negocio público, entonces ya podríamos sustentar políticas públicas erradas de origen: el país nunca será autosuficiente en gasolinas, en alimentos tampoco y mucho menos en energía eléctrica.

Ignorar un Tratado de Libre Comercio vigente desde 1994 y para el sector agropecuario desde 2004, es dar un giro en retroceso de las décadas que han probado su eficiencia no solamente en los agregados de valor, también en la competitividad y en la excelencia. Ignorar ventajas comparativas es ignorar el potencial regional de la nación. Los capítulos más recientes de abandono a la producción agropecuaria ya asoman en la inflación el descuido local y la dependencia del exterior para sumar una tasa inflacionaria foránea a la doméstica y reflejar en productos de gran elasticidad de la demanda un precio muy por encima de la inflación yacente.

Traicionar una canasta básica no es una consideración menor en el entorno de la inversión pública cuando esta no se realiza. Los intentos del Banco de México en su política alcista no alcanzan a cubrir la tasa doméstica inflacionaria por factores exógenos en las necesidades primarias. La dinámica del sustento diario no entra en competencia con la manufactura y duraderos. En una economía estancada como la mexicana no pueden caminar en paralelo la demanda elástica y la inelástica por la sensibilidad y dinamismo de la primera.

En esta transición es notorio el desvío del gasto corriente y la cancelación de inversión pública como coadyuvante en la productividad. En una economía sin crecimiento, la detención de variables no ocurre por el simple hecho de frenar la actividad económica. El consumo de mercados internos sufre un desequilibrio cuando la variable de ingreso la intercepta el gobierno. Una imagen simple de este fenómeno puede explicarse por la renta de los agentes productivos: ingresa a la hacienda pública pero no regresa en servicios; al convertirse en gasto público y extender una cobertura sin demanda, esto significa que el gobierno hace del espectro del consumo una inducción. La inducción es una interpretación colectiva y no individual. Esta centralización, otra vez, de interpretación de voluntades es socialismo en esencia, populismo finalmente.

Cuando las políticas públicas se extienden o al menos pretenden, hacer de esta fase inductiva un modelo o proyecto de nación, el fracaso es inminente. Esto ha sucedido en tres años de esta transición. El aumento de la pobreza no es más que la respuesta a la interpretación de una derrama equivocada en esa fase inductiva. Esta transición no entiende que el tamaño del recurso es improcedente; es el proceder el equívoco. El desafío de los equilibrios del ahorro y la inversión han trastocado preceptos básicos de nuestra economía. Esta transición ha confundido austeridad por concentración de recursos y ha confundido la intermediación con la mediación; lo primero ha creado una corrupción jamás vista y lo segundo recaería en los ambientes de productividad pero han sido ignorados. Entonces, el modelo está condenado a viciar la fórmula del reparto. El modelo ya saturó todo excedente, toda fórmula de reserva y toda fórmula de contingencia.

Cuando un gobierno menciona un modelo basado en negocios públicos como ha sido señalado, tendría forzosamente que reunir prerrogativas de estructura de capitalización y también respondería por fondos públicos bajo una estricta vigilancia del costo inherente al fondeo. Si esto sucediera, tal vez la ética gubernamental no estaría en cuestión, pero cuando la interpretación se convierte en otra circunstancia de inducción, se viola todo precepto de ética de gobierno. Si el gasto corriente se desboca sin sentido a proyectos no rentables y sin demanda de agentes productivos, entonces enfrentamos una controversia real de política pública.

Ahora bien, si por encima de ese proceso de dispendio sin límite contemplamos uso indebido de endeudamiento, la responsabilidad de rendición de cuentas bordea el orden penal. Esto realmente enfrenta la supuesta transformación. No solamente se desafía la rendición y la claridad de partidas presupuestales, se añade opacidad y prácticas amañadas en la contratación. La ética no ha caracterizado a esta supuesta transformación. Más allá de la impudicia se encuentra un horizonte que esconde sanciones no imaginadas. La simple flotación de papel de la petrolera quebrada por esta transición, ha confundido a la opinión pública en el sentido de agregar conceptos de soberanía al actuar de una corporación que existe al margen del gasto presupuestal de toda una nación.

Aún más, al fondear a la petrolera con recursos públicos derivados de la renta nacional, sin contemplar los plazos, se traiciona el haber de la nación con un fondo sin retorno. Sean recursos para liquidar compromisos de corto o mediano o largo plazo, el procedimiento reúne vicios de origen. Esto explica la desesperación del presidente y la liquidación de cien fideicomisos y otros fondos y reservas. Entonces viene la deuda a resolver lo que las políticas públicas no hacen. En tres años la deuda ha crecido en 2.6 billones de pesos. Servirla tiene un costo. Pero ese costo se eleva cuando la expectativa de recuperación se aleja. La población por lo general ignora que existe un valor nominal en cualquier emisión de papel, pero no es una deuda fija.

Esta transición jamás revela que existe una incursión en riesgo de nación cuando el modelo de nación no corresponde a las expectativas de los mercados de deuda. Esto significa que la nación está siendo evaluada por así corresponder a la globalidad a la que pertenecemos; naturalmente, la opacidad mencionada y los yerros que amparan una autosuficiencia que hace décadas fue abandonada, provoca que los agentes del exterior sancionen al país y aumenten su retorno programado. Esta labor silenciosa y costosa se llama pasivo de contingencia, no programado. Esa contingencia no se irá hasta que esta transición se vaya. Así de simple.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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