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La exclusión como antídoto para reducir las prácticas corruptas en las compras públicas

Los expertos en políticas públicas a nivel internacional reconocen que las compras públicas son una de las áreas más susceptibles a la corrupción debido al volumen de las transacciones, la complejidad de los procesos, la variedad de...

13 de octubre, 2020

Liliana Alvarado Baena

Los expertos en políticas públicas a nivel internacional reconocen que las compras públicas son una de las áreas más susceptibles a la corrupción debido al volumen de las transacciones, la complejidad de los procesos, la variedad de actores y la cercana relación entre los funcionarios públicos y las empresas. Por ello, su estudio y regulación, son también dos campos en permanente desarrollo. Por todo el planeta existe una amplia diversidad de modelos de gestión de las compras públicas;¹ sin embargo, el caso del Reino Unido ha cobrado notoriedad debido a que con su salida de la Unión Europea (Brexit) se abre el espacio para iniciar un proceso de reforma en esta materia. Es así como el estudio de caso británico se convierte en un referente muy útil para examinar las compras públicas en México.

Recientemente, la académica Sue Arrowsmith publicó una investigación titulada Construir reglas de exclusión bajo un régimen post-Brexit sobre compras públicas: un análisis preliminar². En otro texto que reseña la publicación de Arrowsmith se señala que las compras públicas habían recibido poca atención en el Reino Unido antes de su salida de la Unión Europea (UE); no obstante, “el Brexit ofreció la doble oportunidad de contar con más flexibilidad legal para desarrollar políticas efectivas en materia de compras públicas y, también, de brindarle al tema un nivel de consideración adecuado”.³

El diagnóstico de las compras públicas es contundente. Hasta hace poco, el régimen de compras públicas del Reino Unido se basaba en las reglas de la UE. Éstas permitían excluir a las compañías de los procesos de compras públicas, tras haber sido condenadas por casos de corrupción, fraude o lavado de dinero, lo cual ha sido poco común. Es por ello que actualmente en el Reino Unido hay pocas consecuencias para las compañías que violan la reglamentación de las compras públicas. El diagnóstico también señala que con frecuencia las dependencias de gobierno son altamente dependientes de pocos proveedores (grandes), los cuales tienen el incentivo a actuar de manera corrupta porque saben que el gobierno no actuará en contra de ellos. “De acuerdo con estimaciones gubernamentales recientes, el gobierno central del Reino Unido pierde anualmente 22 billones de libras por concepto de “fraude y error”, siendo el fraude en compras el tipo dominante de fraude detectado. Y 2.7 billones de libras, en el orden de los gobiernos locales”⁴.

Con base en el diagnóstico de la problemática en el Reino Unido, se enuncian una serie de componentes clave que harían posible un régimen de exclusión de empresas con prácticas corruptas del sistema de compras públicas en Reino Unido. Estos componentes clave son:

Establecer objetivos claros para el régimen de exclusión, incluyendo el asegurar que éste respalde los objetivos del gobierno de combatir la corrupción en las compras públicas.
Requerir controles internos efectivos a las empresas como condición para su contratación.
Asegurar que los contratistas pueden ser suspendidos o impedidos de participar en licitaciones cuando exista suficiente evidencia de corrupción y fraude, y no solamente cuando ya han sido condenados.
Centralizar la toma de decisiones y la conducción para asegurar consistencia y asegurar también que funcionarios, de alto rango, entrenados adecuadamente, cuenten con el poder para tomar decisiones de exclusión.
Crear una base de datos central con información de las cualidades y el desempeño de los contratistas, incluidos los contratistas excluidos.
Mejorar la detección a través de una herramienta de denuncia anónima.

Llama la atención que las propuestas clave para reformar el sistema de compras públicas en Reino Unido giran alrededor de dos premisas fundamentales: la construcción de un régimen de exclusión, y la centralización. Por régimen de exclusión se entiende a la implementación de medidas efectivas que permitan excluir de las compras públicas a compañías corruptas. “La exclusión está siendo vista a nivel global como una herramienta efectiva para proteger la integridad de las compras públicas y prevenir la corrupción y el fraude”⁵.

La segunda premisa del estudio es la centralización. En la reseña del texto de Arrowsmith se señala que un enfoque centralizado y bien equipado para la exclusión es esencial para que éste funcione. Este planteamiento llama la atención ya que, desde el enfoque de las políticas públicas, durante las últimas décadas, la centralización había sido vista como una forma de gestión que debía superarse en la medida de lo posible, buscando avanzar hacia formas más descentralizadas de gestión.

En el caso de México todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, hay un amplio espacio de mejora en la plataforma CompraNet. En concreto, ésta debería mantenerse actualizada, funcionar como un mecanismo de vigilancia y control de los procedimientos de compra pública, incluir todos los expedientes de los procesos de contratación en datos abiertos, entre muchas otras mejoras. De igual forma, se considera necesario limitar la adjudicación directa en esta administración.⁶

1 En donde se vigilan las etapas de planeación, licitación y ejecución.

2 Arrowsmith, Sue. Constructing Rules on Exclusions (Debarment) Under a Post-Brexit Regime on Public Procurement: A Preliminary Analysis, 2020. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3659909

3 The UK needs to get serious about debarring corrupt companies from public procurement. Centre for the Study of Corruption, University of Sussex, 2020. Aquí se reproducen fragmentos del texto disponible en: https://scscsussex.wordpress.com/

4 ibid.

5 Ibidem.

6 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/IMCO_CPBD.pdf

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Liliana Alvarado Baena

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia tributaria y análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es directora del Área de Desarrollo Económico y Social, responsable del análisis de finanzas públicas, seguridad, transparencia y anticorrupción. Actualmente colabora en Grupo Fórmula en el programa de Eduardo Ruiz-Healy. Twiter: @lilialvaradob

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