La concentración de recursos que ha pretendido esta transición y la decisión unilateral de la dispersión de los mismos, no convierte a la economía en una función de Estado. La observancia o vigilancia de la marcha de la economía, acumulación de datos, interpretaciones de aceptación universal, desde luego pueden recaer en una institución gubernamental, sin dejar fuera instituciones especializadas de carácter privado, académicas, fundaciones y otras que aportan sus capacidades analíticas para guiar la toma de decisiones.
Como sea, la función analítica es imprescindible en una economía de mercado como la nuestra, aun cuando la idea de contemplar nuestro entorno económico con la apertura que nos caracteriza desde 1994 no sea compatible con la línea de pensamiento de la transición de gobierno en turno. La mira de la autosuficiencia alimentaria y energética se encontraba desplazada y las inversiones en estos sectores ya describían una ruta de participación activa con el exterior. Desafortunadamente, se han instalado preceptos de décadas anteriores para revivir una fuerza inexistente como explicación contundente de hegemonía de Estado o rectoría de destino de gasto público, que al tiempo de ser gasto no programático, desvía y confunde inversión pública con renglones que invaden los plazos.
El primer renglón en cuanto a invasión de plazos es la petrolera, que recibe gasto público en un afán sin mesura de estabilidad. El gasto público por definición refiere su actuación a un período finito, esto es, un ejercicio, entonces, ese recurso de vida finita no puede ni debe emplearse en solución crediticia de un ente que supuestamente es concebido como empresa, sin la consideración de la tenencia de sus acciones. Si el punto de partida se convierte en una contradicción, entonces la serie de acciones que han encaminado a la petrolera en tres años, se encuentran en franca violación de ética gubernamental.
Podemos abundar en los planes de esta misma petrolera para descubrir que la pérdida que abarca más allá de su propio patrimonio la inhabilita financieramente para continuar operando. Entonces, la cuestión no solamente es de ética gubernamental, como ha sido mencionado, entonces la violación se extiende a un terreno de inoperancia financiera y por tanto sujeta al escrutinio de calificadoras, acreedores, proveedores, planta laboral y juicio internacional por la repercusión de sus actos que trascienden fronteras.
Como sabemos, los lazos de su actuación se han extendido a la construcción de una nueva refinería sobre un pantano, obra que ha ascendido de un presupuesto original de ocho mil millones de dólares a doce mil quinientos, sin programa definido de terminación por las inundaciones que padece al menos dos veces por año en promedio. En territorio nacional se lidia con una recomposición de seis refinerías que fueron construidas hace cinco décadas, con la consecuente confusión que involucra adaptaciones que consiguen lo que el mundo desecha en materia energética. Y ahora, se presenta en el mismo plano de redención inexistente y sin demanda empresarial una inversión en una refinería texana con cien años a cuestas.
La extensión de este lazo en Deer Park se presenta en un momento que demuestra que con simple aritmética, puede probarse el derroche inútil de Dos Bocas. Con una inversión –adicional- de seiscientos millones de dólares la producción de barriles sería similar a Dos Bocas, pero con un ahorro de casi doce mil millones de dólares. De la atadura a Shell para comprar quince años su propio crudo, deja ver el alcance o bien, la improvisación que esta transición tiene en cuanto a la autosuficiencia en gasolinas, para ser desechadas en dos décadas por la industria automotriz en todo el mundo.
El intento rodeado de nacionalismo de esta transición que gobierna, desde luego no ha contemplado planes de negocios, como tampoco ha contemplado las miras que derrotarán su precaria concepción de trascendencia, toda vez que en 2024 se irá y la posibilidad de recuperar miras más alentadoras y progresistas, se gesta en el ambiente de los sectores productivos. Esto significa que la herencia de los costos será inevitable para generaciones futuras y la obra monumental que se pretende se convertirá en un paso intrascendente y de difícil reconversión a planes más adaptables al mundo moderno.
El freno a esta intemperancia de dispendio, ha logrado ciertos márgenes de libre actuación desbocada de esta transición pero no ha sido suficiente el rechazo y señalamiento, que desde luego imperan; existe desde luego una convocatoria abierta a nuestros socios del norte, se han planteado consecuencias ante la aberrante promoción de una reforma eléctrica retardataria y abstrusa, pero la obstinación del régimen cunde como mal endémico.
En este compás de espera, se sitúan agravantes de plazo inmediato, una inflación sin crecimiento de la economía, una estanflación que no puede disfrazarse ni soslayarse. También, lidiamos con un juego innecesario con un impuesto que encarece el subsidio ante una apuesta no doméstica de precios del crudo. El IEPS puede convertirse en negativo y eso sería catastrófico. Esta transición podría pensar que los precios tan elevados de crudo serían de gran beneficio para el país, pero la realidad es que por más que se supere el costo de extracción de cuarenta y cinco dólares, se estaría a años luz de superar todos los costos de operación que enfrenta Pemex.
Las acciones descritas han oficializado el discurso sobre nuestra economía, lo que no se ha oficializado es el fracaso de las mismas. Entonces el discurso toma los mismos enunciados, repetidos incansablemente en tres años, para denunciar un pasado que en la óptica del presidente tuvo denominación, en ocasiones conservadora y en otras neoliberal, dependiendo del humor y dependiendo del grado o necesidad de descalificación que requiera el momento. Eso tenemos y lo tendremos hasta el 2024 inevitablemente.
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