La nota característica de la estrategia de comunicación de la administración del presidente López Obrador ha sido la de mantener el control de la narrativa en el país. Ha aplicado con bastante éxito, sobre todo a medida que se acerca el último tercio del sexenio, la máxima de un hábil político, expresidente de EEUU, Harry Truman, que decía que, para asegurar el mando, “si no puedes convencer a los gobernados, confúndelos”.
Entre distractores y cortinas de humo, el presidente ha logrado imponer la agenda de su llamada “cuarta transformación”, que a últimas fechas parece haberse radicalizado, a partir de echar mano del círculo de sus colaboradores incondicionales, de línea más dura. Y esta semana predominaron algunos temas de la agenda financiera que están generando mayor desconfianza e inestabilidad en ese sector, con cargo al futuro económico, en particular de la inversión y el ahorro, del país.
Más incertidumbre para la inversión
En momentos de gran convulsión a nivel mundial sobre el futuro de la economía, y frente a las oportunidades de reshoring y nearshoring (relocalización de empresas) por el fenómeno de re-globalización y regionalización, los recientes cambios en la Secretaría de Economía (SE), empezando por el de la nueva titular, Raquel Buenrostro, y los nuevos subsecretarios de industria y comercio, y de comercio exterior, añaden más elementos de incertidumbre a los que ya se tenían para las inversiones en el país.
Ante la salida de Tatiana Clouthier, sorprendió especialmente la sustitución de la experta en comercio exterior, la subsecretaria Luz María de la Mora (y el equipo legal), por Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario de Gobernación, que no cuenta con ninguna experiencia en el sector. Así, se borró de un plumazo la memoria histórica y “expertise” técnico en materia de negociación de acuerdos internacionales en la SE, y se dejaron colgadas las relaciones con nuestras contrapartes, y socios comerciales.
Sobre todo, en materia del T-MEC, se deja pendiente la resolución del panel de controversias automotriz sobre reglas de origen que De la Mora encabezaba; y el conflicto del sector eléctrico, el más delicado, queda como bomba de tiempo, ya que en cualquier momento EEUU puede (agotado el plazo de 75 días de consultas y conciliación) invocar el panel de controversias, que muy posiblemente dará lugar a que se impongan costosas sanciones comerciales a nuestras exportaciones. EEUU puede ejercer su derecho cuando le sea más conveniente (quizás supeditado a la agenda migratoria, -motivo para análisis posterior-).
Con la reorganización de la SE parece esfumarse la posibilidad de lo que algunos, como el exdirector de la OCDE, Angel Gurría, esperaban pudiera darse: “recalibrar la estrategia” para generar credibilidad a favor de la atracción de inversión, nacional y extranjera, en el país, y superar el actual ambiente hostil.
La que “debería ser la época dorada de la inversión en México”, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “no se ha traducido en ganancias económicas medibles”, principalmente por la desconfianza de los inversionistas.
Según cálculos del BID, México podría generar casi la mitad de los 78 mil millones de dólares en exportaciones anuales adicionales que estiman que América Latina podría tener en el mediano plazo, por oportunidades de nearshoring. Sin embargo, estamos lejos de alcanzar nuestro potencial. Hay interés que bajo el escenario actual se ve difícil que se pueda materializar, lo que ha sido aprovechado por competidores asiáticos de bajo costo, como Vietnam, Macao y Taiwán. Una advertencia desoída.
El ahorro bajo la lupa
Esta semana también se abordó el tema del ahorro. La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Morena que, de manera irresponsable, reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para permitir la apropiación ilegal de parte del gobierno, de los recursos de los ahorradores que por 6 años no hayan realizado movimientos en sus cuentas bancarias (considerados como “mostrencos” o “abandonados”).
Actualmente, los recursos de las cuentas que no registran movimiento alguno en un lapso de 3 años pasan a una “cuenta global”, mientras que las instituciones bancarias tienen la obligación de contactar al usuario, y en caso de ser ubicado y que este requiera sus recursos, debe restituírselos. Sin embargo, si transcurren otros 3 años (para llegar a 6 años) y el recurso no ha sido reclamado, este pasa a la beneficencia pública, cuando la cuenta no rebase los 51 mil pesos (540 UMAS). A partir de la reforma propuesta, las cuentas con recursos mayores a los 51 mil pesos serán destinados en favor de la seguridad pública tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Con el pretexto de apoyar el combate al crimen organizado, se busca justificar una especie de confiscación, prohibida por el Art. 22 de la Constitución. Se especula que en la citada “cuenta global” pueda haber recursos “abandonados” de hasta 21 mil millones de pesos. Amén de revisarlo, el gobierno no tiene derecho a fondearse a partir de los recursos de los ahorradores, sin candados. Esta pretendida reforma atenta contra los principios básicos de seguridad y confianza que son el eje del sano funcionamiento sistema bancario y financiero. Si los ahorradores perciben que su dinero no está seguro en los bancos, puede darse lugar a una crisis de confianza de consecuencias mayores.
Si de por sí tenemos una baja inclusión financiera, con estas “ocurrencias” solo se obstaculiza una mayor bancarización. Sobre todo en un país donde es común que se guarde el dinero “bajo el colchón” por la escasa o nula cultura financiera. Además, por otra parte, ahora los jóvenes se inclinan por las opciones de tecnología financiera, como el ahorro en las “carteras frías” de criptomonedas, porque no confían en el sector financiero tradicional y las autoridades.
Ante la reacción en medios y redes sociales, se supone que la pretendida reforma está siendo analizada (¡así debe ser!), antes de ser aprobada por el Senado. Debe hacerse un estudio serio que por lo menos considere las mejores prácticas internacionales. En varios países, las cuentas se consideran “en presunción de abandono”, solo pasados varios años, como EEUU (10 años), Reino Unido (15 años), España (20 años), y se les da un tratamiento y destino específico a los recursos, salvaguardando los derechos de los ahorradores en todo momento. Si no se protege a los usuarios, este asunto puede ser otro artefacto explosivo.
¿”Revisar” las Afores?
También, el presidente nuevamente advirtió esta semana que “revisará” el régimen de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), que gestionan el ahorro de los trabajadores para su jubilación, y administran alrededor de 5 billones de pesos.
Recordemos que, en el 2020, el Partido del Trabajo propuso una iniciativa para desaparecer a las Afores, y buscaba que el gobierno mexicano administrara los fondos de ahorro, a través del IMSS y el ISSSTE. La reciente declaración del presidente enciende las alarmas: “las afores surgieron en la época neoliberal, como un golpe a la economía de los trabajadores a su retiro, son solo un negocio para los financieros, pero no para los trabajadores”.
Usando como pretexto las minusvalías que presentan actualmente las Afores, Abraham Vela (ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro -Consar-) previene que López Obrador podría revivir la posibilidad de crear una Afore Única Gubernamental, para administrar los recursos de los trabajadores para invertir en sus proyectos insignia, y “rescatar a PEMEX y CFE”.
La declaración del presidente siembra desconfianza, frente a lo que puede ser otro “despojo” al ahorro. Puede generarse una reacción de retiro masivo de recursos de las Afores. Baste recordar que, en Chile, como lo cita Vela, el movimiento “Con mi Plata NO te metas” en contra de la reforma de pensiones que suprimía sus AFPs (o Afores) sustituyéndolo por un administrador único, fue el principal motivo para desechar el proyecto de la nueva Constitución.
Hacia el final
Se ve difícil que algún miembro del gabinete actual se atreva o pueda asesorar al presidente y convencerlo que, en el mejor interés de México, se debe respetar el Estado de Derecho, no solo para solucionar el conflicto del sector eléctrico del T-MEC, sino para generar confianza y certidumbre para fomentar y proteger la inversión y el ahorro en el país, en beneficio de mejores condiciones económicas para la población. Vivimos tiempos difíciles de oscuridad y confusión, que cada vez se complican más, por así convenir a los intereses de Palacio Nacional.
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