¿Habrá o no Consejo Fiscal en México?

Los gobiernos frecuentemente rompían las reglas fiscales por razones político-electorales y no por razones técnicas. Esto condujo a crear órganos especializados que vigilaran la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las reglas.

4 de agosto, 2020

Los Consejos Fiscales son instancias que son comunes en varios países del mundo. No obstante, vale la pena revisar brevemente cómo fue que surgieron. Quizá todos recordamos las severas crisis económicas y de deuda de la década de los 70 y 80. La primera respuesta para prevenir que esto volviera a suceder fue la implementación de reglas fiscales. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una regla fiscal de deuda que impide que la deuda de los países miembro rebase el 60% de su Producto Interno Bruto (PIB)1 . Durante los años 80 y 90 del siglo pasado proliferaron las reglas fiscales por todo el mundo2 .  

Con el paso de las décadas se observó que la rigidez de las reglas fiscales impedía afrontar situaciones extraordinarias y que a veces era necesario suspenderlas temporalmente. También se observó que los gobiernos frecuentemente rompían las reglas fiscales por razones político-electorales y no por razones técnicas. Esto condujo a crear órganos especializados que vigilaran la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los gobiernos. Hoy existe consenso internacional acerca de la complementariedad que existe entre reglas fiscales y Consejos Fiscales. En ese sentido, el primer Consejo Fiscal fue creado en 1960 en Holanda y lleva por nombre Central Planning Bureau. El Consejo Fiscal de Estados Unidos se llama Congressional Budget Office (CBO) que se creó en 1974. Por su parte, el Consejo Fiscal de Canadá se llama Parliamentary Budget office (PBO).  Actualmente existen más de 403.

En México, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil ha planteado desde 2017 la necesidad de crear un Consejo Fiscal, sustituyendo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por mucho tiempo el gobierno mexicano se ha rehusado a implementarlo, ignorando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. El pasado martes 28 de julio se presentó una iniciativa de ley para crear un Consejo fiscal en México.4 “Consejo Fiscal” es un nombre genérico para denominar a un órgano técnico que se encarga de vigilar la sostenibilidad de las las finanzas públicas.  

Por lo general, los Consejos Fiscales se encuentran separados del Poder Ejecutivo para poder aportar recomendaciones, análisis y proyecciones independientes. En muchos países son un órgano de su Congreso. De esta forma, los Consejos Fiscales proveen a los Congresos con análisis y pronósticos de alta calidad, lo cual los fortalece de manera significativa al momento de sostener la discusión fiscal frente al Poder Ejecutivo. Así los análisis y recomendaciones elaborados por el Consejo Fiscal reducen de manera drástica la asimetría de información entre Congreso y Poder Ejecutivo. Hay que subrayar que los Consejos Fiscales no toman decisiones, solo emiten recomendaciones con carácter no vinculante. Sin embargo, cuando gozan de prestigio inciden de manera relevante en decisiones trascendentes de su país.     

Dado este contexto, ahora es importante revisar cuáles son las características que debería tener un Consejo Fiscal en México para ser eficiente: 1) debe tener su propia Ley 5; 2) debe también contar con autonomía presupuestaria y de gestión; 3) estar integrado por expertos del más alto nivel con una trayectoria íntegra y que garanticen objetividad e independencia; 4) estar blindado de la intervención de los partidos políticos; y 5) comunicar de manera directa, libre y periódica la opinión pública sus análisis, pronósticos y recomendaciones. Dado que México tiene un régimen político presidencialista, lo más adecuado sería que el Consejo Fiscal quede adscrito al Congreso para generar un contrapeso al Poder Ejecutivo. 

En muchos países, esto ha permitido a los Consejos Fiscales ser una voz relevante diferente a la del gobierno y ha generado costos políticos para los gobiernos que rompen sus promesas relacionadas con la salud de las finanzas públicas. Las funciones del órgano que se propone crear en México debe ser las de un verdadero Consejo Fiscal:

    • Evaluar la política fiscal desde su diseño y hasta su desempeño.
    • Elaborar y evaluar pronósticos macroeconómicos y presupuestarios.
    • Vigilar el cumplimiento de las reglas fiscales, y
    • Elaborar proyecciones a largo plazo y velar por la sostenibilidad fiscal a futuro.

De esta forma, los principales beneficios de contar con un Consejo Fiscal en México serían evitar que los gobiernos gasten demasiado, evitar que el país se endeude de manera irracional y, sobre todo, mantener una sostenibilidad fiscal a largo plazo.

En cuanto a su composición y funcionamiento, la Iniciativa presentada plantea que el Instituto cuente con un Consejo Directivo integrado por cinco consejeros designados por la Cámara de Diputados, de los cuales uno será nombrado Consejero Presidente. A su vez, este Consejo nombrará a una Directora o Director General. Todos durarán cuatro años en su cargo y podrán ser reelectos una ocasión. Todos deben contar con grado académico de doctorado en materias relacionadas con las finanzas públicas y no haber ejercido cargo alguno, ni miembro activo de partido político en los últimos 10 años. De aprobarse en los términos planteados, la Ley del Instituto entraría en vigor el 1 de enero de 2021.     

1 Existen reglas fiscales de gasto, de ingreso, de deuda, de balance estructural, entre otras.
2 Fue hasta 2006 cuando México implementó la regla fiscal de balance presupuestario y la reformó en 2014 para hacerla funcionar como una regla fiscal de balance estructural. 
3 Beetsma Roel and Xavier Debrun. Independent Fiscal Councils: watchdogs or lapdogs? Centre for Economic Policy Research. London. 2018. p. 2.
4 Iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, por la Dip. Soraya Pérez Munguía del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
5 En este caso, dentro de la iniciativa de ley presentada el 28 de julio de 2020 en la Cámara de Diputados se propone la aprobación de la Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública de la Cámara de Diputados.

  

 

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Liliana Alvarado Baena
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia tributaria y análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es directora del Área de Desarrollo Económico y Social, responsable del análisis de finanzas públicas, seguridad, transparencia y anticorrupción. Actualmente colabora en Grupo Fórmula en el programa de Eduardo Ruiz-Healy. Twiter: @lilialvaradob
PEMEX nació en 1938 en un ambiente de negocios tan incierto como el de hoy en día; cuando terminaron Los Locos Años 20 con su carga de cambios institucionales y organizativos tales como los de las reformas roosvelianas desafiantes de las normas establecidas embalada en la creatividad propia del tremendo y mortífero holocausto que se aproximaba. Dio sus primeros pasos contextualizado por la conflagración internacional, pero particularmente comprometido con el corporativismo de Lázaro Cárdenas. Cuando comenzó a pisar esta tierra, también internalizó el modelo mental compartido del Nacionalismo Revolucionario derivado de la cultura mestiza; por lo que fomentó la xenofobia como daño colateral acompañante de la promesa del progreso independiente. Vivió una infancia cobijada por la desgracia ajena de los países beligerantes, porque en 1939 las ventas al exterior de PEMEX representaron casi la mitad (49%) de los ingresos por la exportación correspondiente. Este infante, se ilusionó con la soberanía nacional duradera e imperturbable que produjo el espejismo del Nacionalismo Revolucionario por obra del chovinismo creyente en una identidad nacional patriotera. Se desarrolló durante 1946/1970 sobredimensionando los costos de producción especialmente en las regiones de Tamaulipas y Veracruz. Su estilo de desarrollo fue el Desarrollo Estabilizador mediante el agrandamiento de la demanda interna a causa de un PIB mismo período en promedio anual de 6.2%. Entonces se institucionalizó la economía rentista gracias a una renta petrolera usufructuada en primer lugar por la oligarquía del mismo género; y luego por los empresarios segundones; y después por los consumidores. La gasolina más barata del mundo debilitó su musculatura mediante el subsidio gubernamental que repercutió negativamente en las finanzas públicas porque si los impuestos petroleros representaron en 1940 el 15% de los ingresos fiscales, en 1970 personificaron solamente el 3%. Haciendo caso de los preceptos liberales, se inició el empobrecimiento del Estado, al mismo tiempo que el enriquecimiento del mercado rentista. El Desarrollo Estabilizador institucionalizó y organizó una sociedad de cazadores de rentas que, esta sí, fue perdurable en la realidad donde el Gran Zombi viviente paseó tranquila y distendidamente. Empobrecimiento del Estado que cavó la sepultura con las palas de la deuda pública y el déficit fiscal para que el zombi pudiera hacer la siesta como complemento integrativo de su paseo. Durante la Docena Trágica de Echeverría y López Portillo, cayó del cielo el mejoramiento de los términos del intercambio, el cual dibujó una sonrisa en el habitualmente circunspecto y algo arrugado Gran Zombi. Pero en 1982 se le borró completamente la sonrisa, porque el precio promedio de petróleo bruto exportado cayó abruptamente a 28.69 dólares. De todas maneras, la economía mexicana se petrolizó iniciando un juego suma cero donde lo que ganaban los cazadores de rentas (algunos de estos multimillonarios), lo perdía el Gran Zombi que le hizo pagar los platos rotos al gobierno dentro de un proceso llamado socialización de pérdidas y privatización de los beneficios. Sin que ello significara matar al Gran Zombi, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas le aplicaron el tratamiento del Ajuste Estructural para confort de su burocracia sindical. Ocurrido en 2001, el Pemexgate consistió en un desvío millonario de fondos del sindicato petrolero, cuyo dinero fue a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato del PRI en las elecciones del 2000. El Ajuste Estructural terminó por premiar a los líderes de la burocracia sindical, los cuales financiaron la campaña electoral del PRI - todavía partido de Estado - cuyo eje económico esencial fue el Gran Zombi. Al cabo de su senectud, el Gran Zombi registró veintidós años de pérdidas financieras. Los apoyos financieros al mismo durante el actual sexenio sumarán 1.49 billones de pesos. A pesar de esta cuantiosa ayuda gubernamental, el Gran Zombi sigue siendo el más endeudado del mundo con 105.836 millones de dólares. Aplicando una vez más, la política de subsidios globales, pero no puntuales, el gobierno está subsidiando el 35% del costo de la gasolina para beneficiar: (1) a la oligarquía rentista; (2) a los empresarios rentistas segundones; (3) a los consumidores; es decir: para apalancar al auto refuerzo del rentismo nacional. En tanto que fiel sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum no le tocará ni un pelo al Gran Zombi. Si se desentiende de esta fidelidad; será otro cantar.

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