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El Silencio del Poder Económico

Mostrar altanería y arrogancia ante el fracaso, que ya existe en el terreno económico, no es una salida digna para una nación anfitriona de capital.

9 de septiembre, 2024

Manuel Torres Rivera

Después de seis años que suponíamos de transición en una era en la que las economías abiertas dictan preceptos de alternancia en el poder, en la que el intercambio comercial encamina no solamente la convivencia y transferencia de riqueza en bienes y servicios, perfila la excelencia, la tecnología y la calidad de vida, nos sorprende un estancamiento en nuestra vida pública, un franco retroceso en los números que detienen el avance de nación. Tal vez pensamos en pasajes de temporalidad en las ocurrencias sin destino de inversiones sin retorno, sin programa; tal vez el tiempo borrarīa la intemperancia nociva de dinero mal empleado y la corrección vendría como disciplina de una de las grandes economías del orbe, que en otras épocas y en la misma latitud, la nuestra, ha corregido. Nunca sucedió. Las cosas tomaron el rumbo del desquicio económico, del descrédito internacional, de las llamadas de atención en la calificación de la inversión y del riesgo de una nación que si algo ofrecía era estabilidad y certeza jurídica.

Se nos advirtió en 2018 de la intención de separar el poder político del poder económico; era una llamada de alerta, porque la intención llevaba seriedad, no en las formas, en el fondo. La seriedad llevaba herencia sin plazos ni concesiones, llevaba costo que no asumiría el poder en turno, lo llevaba la nación entera. Ahora lo vemos con claridad; la herencia no era transición acostumbrada en nuestra tránsito del sufragio efectivo y la no reelección, era desde su inicio, imposición del poder político que cumplía su sentencia original en la separación anunciada. Del poder económico ha quedado, podemos aducir, en pausa, con actividad sin intensidad, pero sin el reclamo de su verdadero terreno: la economía, la gran economía, que sienta sus bases en la producción y en el crecimiento de toda actividad de nuestra vida diaria.

Desde el inicio de este régimen existía el desdén por la clase empresarial, nada nuevo desde un pronunciamiento popular que enarbolaba simbolismos y eufemismos; nada nuevo en un entorno continental contaminado por la proclama popular, que enaltece el despojo y anula la individualidad, nada nuevo en la extinción intencionada de vigilancia de cúpulas y organismos agrupados en suelos ajenos a los ya contaminados, que excluyen, por su naturaleza, la observancia y guía de preceptos comunes al crecimiento y desarrollo de economías abiertas y participativas. La intención siempre fue la autosuficiencia, la mira interna, la subsistencia precaria antes que la cooperación con las potencias. Esa intención amenaza con cumplirse y a unos días del término de esta pesadilla, acecha una ordenanza, que no reforma, instalar conceptos anacrónicos que desestabilizan bases jurídicas que juzgamos inalterables.

Podríamos hacer valer innumerables circunstancias en torno al producto de la nación para justificar el verdadero valor de la contribución empresarial al índice real de manufactura, de bienes y servicios, de comercio y turismo, en un esfuerzo que se antoja tardío porque la reacción debió hacerse valer en un entorno con mayor énfasis en su pronunciamiento. Hoy tal vez podamos conceder prudencia a un sector empresarial que en afán de convivencia más que de condescendencia, transitó con un gobierno que en apariencia, estaba dispuesto a convivir. No lo estaba, ahora sabemos. Las concesiones gubernamentales compraron conciencias, sin duda, pero la alternancia en obra pública, por citar un ejemplo, la dictó el gobierno, con el ejército y con licitaciones a modo. El abuso al gasto corriente tuvo vertientes de complicidad con el sector privado y de ellas emanó un poder jamás visto y consentido en el dispendio de riqueza de la nación. Nunca fue la mira de la construcción de obra pública la creación de infraestructura y el sector privado participante no lo vió. La experiencia en proyectos productivos no bastó para alertar con oportunidad el monstruoso desperdicio de recursos.

Resulta inútil resaltar que la función terciaria del producto tiene una contribución preponderante en el producto interno de la nación; ciertamente, el comercio y los servicios reúnen más del 60 % del producto. Esto es acorde con las economías más prósperas del mundo. Si lo mencionamos es porque la marcha de la nación está en sintonía con las economías abiertas a las que México pertenece. Si se menciona como inútil es porque no se destacó a tiempo. La función primaria se encuentra en su nivel de contribución adecuado y la secundaria también. Entonces, hace falta que el gobierno entrante se entere. Si hay tiempo, los agentes productivos siempre están operando en valor actual tanto en decisiones como en inversiones programadas. Entonces, tiempo lo hay, pero es preciso instalar una recomposición de la economía y abandonar esquemas agotados en la soberanía, la autosuficiencia y en rescates imaginarios y compulsivos de guarda de energía y subsuelo.

Afrontar la realidad no es característica del populismo, pero hacer frente a una economía de desastre debería cambiar la visión y perspectiva de una nación inmersa de tiempo atrás en tratados internacionales y en el bloque comercial más importante del planeta. Reformar reglas participativas que modifiquen sustancialmente la apreciación de la inversión no es la mejor señal de un gobierno que se va. Mostrar altanería y arrogancia ante el fracaso, que ya existe en el terreno económico, no es una salida digna para una nación anfitriona de capital. Resaltar el fracaso de un gobierno populista no debe sorprender a nadie; debe resaltarse que el producto ronda los 23 billones y que el presupuesto gubernamental es de apenas 8 billones. Debe resaltarse que de esos 8 billones, el servicio de la deuda para 2025, únicamente, es de 1.3 billones. Debe mencionarse que Pemex está quebrada por manejo irresponsable, que debe 400 000 millones a proveedores, que debe pagar 3600 millones de dólares en el corto plazo, que el gobierno le destinó 1.3 billones para un rescate imaginario y que su modelo de negocio seguirá perdiendo, si se mantiene con la mira absurda de la autosuficiencia en gasolinas.

El silencio del poder económico debe romperse. El fracaso de este gobierno debe anunciarse a la nación y al mundo; si viene un gobierno con las mismas miras de desastre, debe darse a conocer para romper la inercia del fracaso. Esa es tarea del poder económico, que hasta este día, supera al poder político.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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