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El presupuesto participativo como mecanismo que vincula y fortalece a la ciudadanía

El presupuesto participativo es un instrumento de política pública que transforma la cultura política, es decir, la relación entre las autoridades y la ciudadanía.

23 de noviembre, 2021

Liliana Alvarado Baena

El concepto de presupuesto participativo se creó en Porto Alegre (Brasil) a finales de los años ochenta, pues el partido que ganó las elecciones locales quería mostrar una nueva manera de gobernar. La idea era que la ciudadanía pudiera participar de forma más abierta con el gobierno, con el ánimo de tomar mejores decisiones. Dado el éxito del ejercicio, el presupuesto participativo se ha replicado en varios países de la región latinoamericana, pero también en Europa (París, Roma, Lisboa, Berlín, Sevilla, entre otras) y en naciones como Filipinas, Sudáfrica, Uganda, Indonesia, Kenya y Mozambique.

El cambio en la cultura política que produce el presupuesto participativo se debe fundamentalmente a que abre la puerta para que la ciudadanía opine y participe en la toma de decisiones que afectan el entorno inmediato en el que habita. Éste incide en las formas de relacionarse entre ciudadanos, pues fomenta la comunicación y la convivencia en un contexto de desconfianza y deterioro, debido principalmente a la inseguridad pública.

En nuestro país, las primeras experiencias de presupuesto participativo se vivieron en el año 2000, y en la CDMX fue a partir del año 2001 que se implementó en algunas delegaciones. Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que toda persona tiene el derecho, individual o colectivo, de intervenir en las decisiones públicas. En la Ciudad de México, para 2021 el presupuesto participativo representa el 3.5% del total del presupuesto asignado a las alcaldías y está destinado para proyectos propuestos y votados por la ciudadanía. Esto quiere decir que la ciudadanía sólo puede incidir en esa pequeña porción del presupuesto. Sin embargo, los efectos de esa incidencia se reflejan positivamente en distintos aspectos para la población.

A diferencia de otras prácticas democráticas, el presupuesto participativo tiene la particularidad de que incorpora a la ciudadanía en las diferentes etapas del ciclo de la política (propuesta, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación). A grandes rasgos, en un primer momento se crea una Asamblea Ciudadana para hacer un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. Posteriormente, se hace una consulta en la que la ciudadanía vota por el mejor proyecto. Finalmente, se crea una Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas que reporta sobre los avances de los proyectos. Cabe resaltar que en la CDMX, éstos pueden relacionarse a obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y actividades recreativas, deportivas o culturales.

Existen historias de éxito que contar en las que resaltan algunos elementos en común como reglas claras, una sociedad civil que se involucra y una autoridad local que genuinamente busca cooperar con la ciudadanía.

Desafortunadamente, también existen desafíos en la aplicación del presupuesto participativo. Una de estas complejidades consiste en que este tipo de ejercicios todavía se encuentra vinculado a la voluntad política de los gobernantes en turno. Por otro lado, en muchas ocasiones se financian proyectos que son obligación de los gobiernos locales (alumbrado público, cámaras de videovigilancia, entre otros), cuando estos deberían formar parte de su programa de trabajo, sin necesidad de consultar a la ciudadanía.

En la CDMX, quizá la principal problemática en torno al presupuesto participativo es la partidización que se ha dado de este instrumento, ya que en muchas ocasiones los ciudadanos que promueven y participan en este ejercicio, lo hacen más en su carácter de miembros de algún partido político que como ciudadanos independientes. No es extraño encontrar que los grupos políticos en las unidades habitacionales, los barrios, las colonias, etc., promuevan los proyectos que son afines a los intereses de los alcaldes en turno, o incluso de los legisladores. Por eso, sin duda, la gran asignatura pendiente del presupuesto participativo en CDMX es blindarlo contra la partidización que ha sufrido, hasta lograr convertirlo en un ejercicio plenamente ciudadano.

No obstante estas complejidades, los beneficios que reciben año con año los vecinos de las colonias involucradas superan las desventajas. Y justamente, al hablar de los beneficios, no sólo se deben considerar las cuestiones materiales, como la aplicación de asfalto en ciertas vialidades, la instalación de luminarias, la habilitación de un módulo de juegos infantiles o de un sistema de videovigilancia en una determinada colonia. Como se mencionó al inicio, las ventajas van mucho más allá, pues el ejercicio también tiene el potencial de fortalecer a las comunidades y la convivencia, así como de reconstruir la confianza, el tejido social y la solidaridad entre la ciudadanía.

En octubre pasado, la Alianza para el Gobierno Abierto, Ollin, Borde Político, Accountability Lab y Ethos hicimos pública la intención de formar el primer Observatorio Ciudadano para el Presupuesto Participativo en México y convocamos a otros actores clave para unirse a la iniciativa de alcance nacional. El objetivo del Observatorio es ciudadanizar el presupuesto participativo, es decir, promover el involucramiento de los ciudadanos en torno a la toma de decisiones. Adicionalmente, el Observatorio también abrirá oportunidades de análisis para detectar las mejores prácticas y áreas de oportunidad en la materia. La convocatoria ya está abierta para aquellas organizaciones que gusten añadirse a esta iniciativa.

1 Escamilla Cadena, Alberto. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: modalidades y resultados. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652019000100167

2 https://presupuestoparticipativo.org/

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Liliana Alvarado Baena

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia tributaria y análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es directora del Área de Desarrollo Económico y Social, responsable del análisis de finanzas públicas, seguridad, transparencia y anticorrupción. Actualmente colabora en Grupo Fórmula en el programa de Eduardo Ruiz-Healy. Twiter: @lilialvaradob

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