El pasado 11 de noviembre la calificadora internacional crediticia Fitch Ratings ratificó a México la calificación “BBB-”, mínima calificación para mantener el grado de inversión del que hemos gozado desde hace varios sexenios. Contraviniendo sus declaraciones previas respecto a la importancia y validez de las decisiones de las calificadoras crediticias internacionales, el presidente López Obrador aprovechó su conferencia “mañanera” del jueves 12 del mismo mes para declarar que “ayer una calificadora internacional mantuvo la calificación de México, es decir, no nos rebajaron nuestra calificación, lo cual significa que hay un reconocimiento del manejo responsable de las finanzas públicas”, haciendo eco de las declaraciones del secretario de Hacienda quien había subrayado que dicha calificación “también es una noticia muy buena para el sector empresarial que utiliza el financiamiento, y sobre todo es un reconocimiento de que aún en circunstancias como estas hay un marco sólido de finanzas públicas”.
Las palabras de ambos funcionarios olvidan dos aspectos importantes que permiten asegurar que, como en muchos otros asuntos, el gobierno de la 4T utiliza a su conveniencia declaraciones de instituciones internacionales cuando le son positivas, pero olvida mencionar salvedades presentadas en esas mismas declaraciones, o su juicio previo respecto a la solvencia moral de la misma empresa ante evaluaciones negativas en su momento de políticas públicas del gobierno que ambos encabezan.
En lo primero, olvidaron convenientemente citar que en la misma evaluación que hoy elogian, Fitch Ratings advirtió que “México está priorizando la estabilidad de las finanzas públicas, pero evitar la asistencia pública a gran escala en los hogares y negocios representa un posible costo para el crecimiento”. Alusión que deja en claro que existe preocupación en la calificadora respecto al futuro del nivel de deuda pública y su servicio, ante caídas esperadas del crecimiento de la economía y la recaudación de impuestos que esto conllevaría. En lo segundo, ante la reducción aplicada por Fitch Ratings en 2019 del grado BBB+ al que actualmente tenemos, López Obrador declaró que “son unos hipócritas, nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Petróleos Mexicanos, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex”, señalando que la nota de Fitch era un intento de desprestigiar a su gobierno.
Ambas declaraciones dejan en claro que lo importante para el gobierno de la 4T no son las evaluaciones y recomendaciones de expertos internacionales lo que cuenta, sino los elogios que emitan hacia sus acciones en materia de política financiera y económica.
En la semana precedente, el gobierno de la 4T utilizó también eventos internacionales para equivocadamente proyectar la imagen de que tanto en combate a la inseguridad y delincuencia organizada, como en mitigación de los efectos negativos producto de la pandemia del COVID-19, sus políticas son avaladas por actores internacionales.
Usando cláusulas de convenios bilaterales entre México y Estados Unidos, el gobierno de López Obrador forzó al gobierno de Trump a desistirse de continuar el juicio del General Cienfuegos en un juzgado de Nueva York. Producto de esto, el 18 de noviembre pasado, el General Cienfuegos fue entregado por alguaciles americanos a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación (FGN) para “ser juzgado de acuerdo a las leyes y normas mexicanas”.
Proclamado como “un triunfo en defensa de la soberanía nacional”, el regreso de Cienfuegos representa un triunfo que podría resultar muy caro para el gobierno de la 4T. Si la FGN no realiza una investigación seria y transparente de los presuntos vínculos del exsecretario Cienfuegos con la delincuencia organizada mexicana, para el gobierno de López Obrador implicaría un descrédito internacional y nacional. Dada la pésima actuación del gobierno de la 4T en el proceso de transición entre Trump y Biden, el que la concesión haya sido otorgada por el gobierno del primero, hace vital que la investigación de Cienfuegos no se traduzca en una averiguación que dé la impresión de que el gobierno de la 4T otorga impunidad a elementos castrenses que pudieran estar vinculados al narcotráfico en nuestro país.
Por último, la actuación de López Obrador en el Foro G20 demuestra una vez más su incapacidad de poner a México en el sitio internacional que merece por su importancia económica y democrática. Usar la plataforma para dar un discurso impulsando su agenda local y su programa de “inacción” aplicado en México ante la pandemia del COVID-19, fue ofensivo para quienes como los líderes del G20 han aplicado, y están haciéndolo aún, programas de intervención económica y social en sus naciones. Al hacerlo, AMLO demostró una vez más que para él lo único importante es lo que predica en sus “mañaneras” y las únicas políticas moralmente válidas son las que él aplica en México. La consecuencia de este discurso que repite lo hecho con anterioridad en un foro semejante, será la consolidación de la pérdida del respeto internacional tanto de su persona como al país que encabeza, consecuencia que claramente le resulta irrelevante, pues prefiere dejar en claro que México está encabezado por un predicador cuya moralidad es más importante que presentar ante los ojos de otras naciones y sus líderes, una nación en la cual impere la modernidad.
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