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El Estado mexicano fracasa como operador financiero

El Estado mexicano ha sido un pésimo gestor; la imposición de obra innecesaria sin demanda de agentes productivos ha sido la muestra en cinco años transcurridos.

16 de abril, 2024

Manuel Torres Rivera

$El Estado mexicano fracasa como operador financiero$

Los programas sociales del gobierno han suscitado polémica por diversas circunstancias; independientemente de la asistencia que intentan aportar, existen numerosas circunstancias probadas que desvían la intención de mejora para el hogar mexicano. Por principio, este espacio ha insistido en una semántica que difiere del término ingreso, como el gobierno pretende imponer, con la verdadera acepción de dádiva; dádiva complementaria para el consumo, si se afina una interpretación adecuada. El verdadero ingreso, se reitera, deriva de las cadenas productivas y forma parte de los costos y gastos que se deducen de las ventas o ingresos por servicios. No existe otro ingreso en la economía formal. El pretendido ingreso que otorga el gobierno, es una simple reversión de su propia renta, la renta nacional del impuesto sobre la renta, fundamentalmente. Esto es una aberración económica.

Como sabemos, todo ejercicio de gasto corriente es presupuestado; la disciplina presupuestal asume un déficit fiscal cuando los egresos superan a los ingresos. Este punto es importante porque en teoría el déficit se absorbe con el crecimiento del producto o crecimiento de la economía. La absorción puede ser parcial, pero el punto a destacar es la proporción que se tenga respecto del producto. No existe una norma que fije una proporción exacta, pero existe disciplina en el gasto gubernamental para no desbocar una proporción incontrolable. Esto ya está ocurriendo en esta administración. El gasto excesivo del gobierno y la falta de disciplina respecto del presupuesto aprobado, naturalmente altera todo programa de egresos, toda vez que la obra no se interrumpe y no existen los canales adecuados de inversión pública. Para esta administración todo es gasto y esa concepción es costosa y equivocada.

Ahora veamos lo que está sucediendo con los programas sociales; de inicio, se creó una infraestructura de mediación financiera, un banco, que sin serlo, por no contar con depósitos, créditos, operación fiduciaria y asesoría de cuenta, se convirtió en simple ejecutor de órdenes de pago. El problema es la creación o intento de creación de alrededor de dos mil sucursales, un gasto innecesario y absurdo, que pudo resolverse con una simple concesión a cualquier institución bancaria con cobertura nacional. Si la intención original era la opacidad, esta está garantizada en dos vertientes: el padrón, que ha sido denunciado por engrosar beneficiarios inexistentes y la segunda en el costo oculto en la mediación financiera.

Estas dos vertientes se convierten en despojo de riqueza nacional por el simple hecho de mediar con recursos de la nación. No podemos olvidar que al iniciar su gestión, el presidente liquidó fideicomisos para eliminar el intermediarismo y canales de corrupción. La práctica de dotar del recurso al beneficiario en forma directa eliminaría al intermediario. Esto ha sucedido en parte; la tarjeta del bienestar desde luego identifica al usuario, pero el margen de amplitud del padrón lo conserva el gobierno y la impresión de tarjetas, también. Esto tal vez explica el no haber concesionado el servicio de mediación a una institución de prestigio. La mediación conlleva un costo, que en la banca especializada sería una comisión, pero en el caso de esta administración representa un costo por ser una entidad gubernamental la dotada de esta prerrogativa. Podemos añadir que todo este manejo es en efectivo; no existen instrumentos financieros convertibles, de modo que origen, traslado y dispersión del recurso, son tareas de una sola entidad, el gobierno. Es un ejercicio sin transparencia, sin rendición de cuentas y costoso.

También podemos abundar en las bondades reales de un ejercicio de reparto, como este que pretende llamarse ingreso. Veamos circunstancias reales: la tercera edad recibe tres mil pesos por mes; de estos habría que restar el 40 % para atención médica en general, sean consultas o medicinas. Esta cifra es del INEGI, de modo que de la cantidad libre de salud, que sería tarea de gobierno, en la que fracasó, todavía habrá que enfrentar una canasta básica que quedó inflada del proceso vivido recientemente. México es de las pocas economías abiertas en donde los precios, producto de índices inflacionarios no bajan a pesar de un ajuste favorable en el entorno económico.

Una reflexión seria de este proceso, concluiría en un paliativo para el hogar, sin duda aceptable, pero con condicionantes que merman el beneficio como salud, transporte y otros servicios públicos en verdadero abandono, como agua. Es un simple apoyo social que no crea capital, no conduce a ninguna base patrimonial y desde luego no es un mecanismo que robustece el mercado de consumo, como lo anuncia el gobierno. Si provoca captura de voto, es otro tema y no es económico. La proporción que se destina de esta aportación es básicamente a consumo de perecederos; resultaría imposible considerar el consumo de manufacturados, de tal suerte que es un incentivo para el menudeo pero no constituye ninguna meta de promoción económica como pretende impulsar este gobierno populista.

Otros programas sociales, así denominados por este gobierno, con el eufemismo transformador, jóvenes que supuestamente construyen futuro, otro que siembra vida y otro más que supuestamente apoya al campo, sin Financiera Rural de por medio, no difieren en esencia de lo ya señalado en prácticas amañadas de origen y con clara mediación y padrón oculto de beneficiarios.

El Estado mexicano ha sido un pésimo gestor; la imposición de obra innecesaria sin demanda de agentes productivos ha sido la muestra en cinco años transcurridos. La interpretación de necesidades de consumo nunca ha sido consultada, ha sido impuesta. Y, finalmente, el corretaje por operación y mediación financiera nunca será cuantificado, será simplemente interpretado como uno más de los fracasos de esta gestión populista y un cargo más a generaciones venideras. Veremos más del déficit fiscal, de la deuda y de la pobreza, tema toral en el lenguaje popular, toral como insignia y nada más.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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