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El amparo y el costo del capital

A partir de la resolución de la SCJN, el fantasma de la incertidumbre económica y energética recorre el país.

11 de abril, 2022

La Suprema Corte de la nación resuelve sobre la Ley de la Industria Eléctrica y decide la vigencia de constitucionalidad pero no resuelve el fondo y deja en vigencia también los amparos de cientos de empresas. Esto significa que la disposición de la Corte no permite la aplicación inmediata de la mencionada ley en tanto los amparos encuentren resolución.

Desde luego habrá que esperar la votación en el Congreso para tomar una perspectiva completa del terreno de la energía del país y su rumbo en esta materia, que está por suceder en estos días, pero existe un aspecto relevante que debería preocupar aún más al sector y son las empresas como jugadoras en el papel más trascendente: la permanencia.

Sin descartar que las reglas son esenciales para la participación activa del capital y la inversión, no debemos olvidar que el paso primario para esta circunstancia es la experiencia en primer sitio y el riesgo en un muy preponderante segundo sitio. La experiencia de las empresas participantes en el sector no está en duda; se encuentran activas y operando desde hace varios años. Ahora bien, la complejidad de una relación de producción, generación y distribución no existía hasta la llegada de esta transición de gobierno. Si las cosas caminaban entonces no requerían de una nueva legislación, requerían de orden y estructura de participantes y nada más.

Si se ampliaba la gama de oferta a la CFE entonces la mira debería haber sido concentrada en costos y estos en tarifas de servicios. Pero entonces el modelo se invirtió para partir de tarifas y encontrar o tratar de encontrar la forma de control monopólico para diluir los costos de la distribuidora, que ya tenía una función monopólica, entre los surtidores no del despacho de la energía, de su producción. Entonces habría que revisar los contratos que no eran concesiones, para rebajar los permisos de aplicación de energía barata y limpia a favor de particulares y concentrarlos en la CFE.

Si lo anterior requería legislación, habría que enmendarla de una Reforma Energética vigente y desplazar privilegios “privados” para reforzar la concepción del presidente que añoraba los días de años vividos en esa fortaleza nacionalista para que las fibras de la nación no fueran tocadas y contaminadas por la nociva influencia del capital. Habría que mirar al pasado con una consigna redentorista y anquilosada cincuenta años atrás. Hacer de la electricidad el monopolio que fue, con el costo de hacerlo inviable. En eso estamos y en estos días podemos desprendernos de esta visión retrógrada.

Pero algo queda y algo seguirá quedando en los anales de esta historia que no se cuenta en dos cuartillas por la complejidad que trajo una ideología y la corriente de un mundo moderno. A las empresas extranjeras que han invertido más de cuarenta mil millones de dólares no se les puede decir que tienen un futuro sin reglas pero asegurado con una ley que en sus feudos no conocen y que se llama amparo. Las empresas lidian con valores y agregados en sus valores, con tecnologías, con programas de trabajo. De la noche a la mañana o mejor expresado, de un 2018 con certidumbre a un 2022 con incertidumbre, se encuentran en un mar convulso y difícil de entender; vendían beneficios a la nación, una nación que ahora decide quemar fósiles y contaminar no solamente el medio ambiente, contaminar tratados internacionales.

También, contemplan una nación que emprende tres proyectos singulares de los que no existe definición desde su inicio, no existen programas estructurados en mercados, impactos ambientales, oferta clara de servicios, recuperación y tampoco conclusión a la mitad del camino recorrido. Nos preguntaríamos si pueden apreciar seriedad y un proyecto de gobierno, cuando como concesión muy especial se les concede un “amparo” para continuar sus operaciones, operaciones que estuvieron cifradas en contratos validados por cortes internacionales.

El aspecto a resaltar, o contrastar, es la permanencia. Las empresas operan a perpetuidad, los gobiernos no. Desde luego esta transición en turno de gobierno no estima estas particularidades como válidas, simplemente porque su apuesta es de corto plazo y su trascendencia no la cifra en la nación, la cifra en su movimiento. Sencillamente, la cifra en la transmisión de poder. Esto naturalmente enfrenta futuro; el presidente no cree en el futuro, por ello revive una y otra vez el pasado. Las empresas creen en su presente como potencial futuro.

Más allá de lo que unos creen y otros desdicen, preocupa o debe preocupar la permanencia y la razón y el orden mundial concede al capital la permanencia. Si en este gobierno no se dio continuidad a la marcha institucional entonces la apuesta ciudadana se suma al capital por la permanencia. Sobrellevar lo que resta de esta transición no es tarea sencilla pero la apuesta ya se encuentra en marcha y las alianzas no deben esperar más y las organizaciones civiles y ciudadanas apuran sus afanes.

En toda apuesta hay un costo, el costo de la transición no cuenta porque se diluye para bien, en la derrama social, en los servicios, en la salud pública, en la vivienda y finalmente en un mejor proyecto de gobierno. En la parte productiva cuenta todo porque en ello va el crecimiento de la economía y el futuro de toda una nación. Aquí el costo ya no es de oportunidad porque la siguiente mejor alternativa ya lo fue en la producción de energía, si nos concentramos en este sector de momento, por su temática e importancia.

Este gobierno ignora, no solamente en este aspecto, en todos, que los sectores productivos obedecen a ciclos, que los ciclos obedecen a las oportunidades que el mercado brinda en facilidades financieras y otras. Destaca por su importancia la estructura del capital y a menores oportunidades de ampliación o movilidad financiera, mayor costo. Si las reglas de participación activa las endurece un gobierno, las opciones de fondeo se encogen, de modo que para encontrar una estructura de capital adecuada es preciso buscar alternativas.

Debido a la errónea política económica de esta transición, enfrentamos un proceso inflacionario importado con una gran dosis doméstica de modo que la política alcista del Banco de México encarece el crédito y las oportunidades de superación de tasas internas de retorno de proyectos productivos. Lidiar con un costo del capital en estas circunstancias no es sencillo. A pesar de ello, la reinversión de utilidades atenúa aspectos críticos y permite la espera de dos años y meses para el retiro de esta postura gubernamental ajena al progreso. Esa es la verdadera apuesta.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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