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Economía de reacción

5 de octubre, 2020

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Tal vez el efecto que provoca una política pública llegue a tal reacción que multiplicada en la cadena de recepción de los agentes económicos, en la medida equivalente para unos y otros, grandes, medianos y pequeños, conforme una nueva economía aún cuando no adaptada completamente a ciclos productivos, pueda absorber valores de permanencia sin convertirse en verdaderos agregados.

Un impuesto no logra este efecto, pero una recesión técnica logra esto y más. Si partimos de la base de equilibrio entre oferta y demanda en bienes y servicios y dislocamos la primera, el efecto en precio y cantidad demandada se altera; algo en la falta de oferta provoca escasez y se cubre con alteraciones de precio si subsiste la cantidad demandada. A esto, habrá que incluir cierta elasticidad en la demanda. Si el bien es necesario, de primera necesidad, es un bien elástico y por tanto, el precio responderá a la cantidad demandada. Este proceso es inflacionario por definición.

El punto que pretende destacarse es el siguiente: en una economía recesiva como la mexicana, provocada por un modelo adoptado en ahorro simulado por recortes presupuestales y en un dispendio sin padrón ni estructura –aun antes de la pandemia–, el descuido de cadenas de producción ha sido catastrófico. Vino la pandemia y la inacción del gobierno para crear una defensa de los sectores productivos agravó aún más las circunstancias.

La elasticidad de la demanda mencionada adoptó circunstancias temporales de abasto de primera necesidad reduciendo oferta territorial de grandes productores, pero llegó el punto de freno en ese abasto, punto de inicio de las cadenas productivas para trasladar a la siguiente fase el verdadero problema: el empleo. Los despidos masivos naturalmente interrumpen la cadena hasta provocar un estanco en la producción. Es en este punto en donde surge una economía de sobrevivencia, de reacción.

El abandono tácito y expresado desde la más alta tribuna del país a la empresa mexicana, provocó vías alternas de capitalización. La primera, como iniciativa del sector privado en conjunción con una filial del Banco Interamericano de Desarrollo consistente en una facilidad de plazo de once mil millones de dólares para rescatar la actividad de treinta mil empresas. La segunda, con la banca comercial en conjunción con el Banco de México para reducir su tasa y reducir el costo del capital para las entidades productivas.

Los planes alternos que se han planteado al gobierno nunca han prosperado. Se creó en apariencia un comité de inversiones integrado por Alfonso Romo y el secretario Herrera. De ese comité nunca existió un comunicado. Se formuló un plan de 68 puntos presentado por el empresariado y no obtuvo respuesta. Esta transición en turno del gobierno, en realidad no tiene inclinación por ninguna participación de capital y si en algún momento ha existido interés manifiesto, ha sido por situaciones verdaderamente forzadas o derivadas de expresiones internacionales irrenunciables.

Los planteamientos de este gobierno, que pocos han sido en materia económica se reducen a tres grandes conceptos de infraestructura no demandada por la empresa mexicana y los avances, carentes de guías expertas, han sido nulos. El fondeo originado en bases presupuestales de gasto corriente ha desequilibrado toda pretensión de cobertura de planes de construcción de los tres rubros mencionados. Otros obstáculos de carácter legal, ambiental, de tenencia de la tierra han hecho su parte, pero fundamentalmente la ausencia de proyecto y planeación son la piedra angular de este fracaso anunciado de inicio.

Trabajar con un gobierno que no contempla miras globales ya insertas en nuestro entorno desde hace varias décadas, que minimiza la respuesta del exterior en todas sus formas: capitalización, exploración de aguas profundas, energías limpias y calificación de riesgo, hace muy compleja la relación con los sectores productivos de la nación. El diálogo no puede darse cuando un gobierno regresa todo concepto de desarrollo a los años de sustento de modelos proteccionistas e ignora preceptos fundamentales de crecimiento económico.

Hablar de una confrontación ideológica para guiar la economía de una nación ávida de capital ya en puerta, ya instalado, ya en marcha, para reducir la posible apertura a una encuesta popular, es atentar contra todo principio de convivencia internacional. La confrontación existe y es preciso enunciar los pasos que circundan el fracaso del camino recorrido y los pasos que se dan ante la incertidumbre de un futuro cercano. No es tarea menor rescatar un país que reunía cualidades de primeras economías del orbe, contemplado ahora como un país en franco rezago.

México no precisaba de planes de rescate, no precisaba de economía alterna ni de planes de recomposición; México tenía miras perfectibles, vicios que habría que reestructurar, tareas de ética gubernamental, un sinnúmero de portafolios en espera y planes de futuro, pero México crecía, crecía siempre a pesar de los abusos y de otras prácticas que desearíamos olvidar, pero esta lucha con el pasado tiene anclada toda prerrogativa de aliento económico.

México no debe afrontar una economía de reacción, México debe regresar a los foros internacionales, al concierto de naciones, a la apertura vigente aún, al mundo de la competencia y desafío de las especializaciones que ha conquistado. Ese lugar tiene y ese debe conservar.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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