El diálogo esperado desde el poder no llegó. La invitación al capital quedó trunca, sin fecha. El presidente dejó claro su interés por los negocios públicos. Desde luego existe cierta historia de negocios públicos o al menos así podríamos llamar a la época del Desarrollo Estabilizador en la que el gobierno mexicano capitalizaba negocios asegurados por una demanda de reconstrucción de la gran guerra. Capitalizar o impulsar una actividad productiva en manos conocedoras de su oficio no necesariamente hace del Estado un empresario.
Somos servidores públicos, externó el presidente, en una de sus tantas exposiciones que hace de su responsabilidad un síndrome que elude la propia. A nosotros, expresó, nos interesan los negocios públicos y no los privados. Ante esta expresión, existen demasiadas aristas que exponen una política pública crucial, la económica, ante un público diverso dentro y fuera del país que lo primero que requiere es certeza jurídica. La certeza jurídica traspasa todo límite de interés o de promoción.
Si abundamos en la promoción o simple interés de los negocios, sin importar su origen, centramos nuestra atención en la producción de satisfactores. El producto terminado es intención más que consecuencia de la cadena productiva. Nutrir una sociedad de satisfactores es nutrir expectativas de mejora y por tanto de bienestar. Si bienestar es lo que busca esta transición temporal de gobierno, ahí radica la respuesta: la opción de consumo entre una gama de productos derivados de distintas cadenas productivas.
La historia de la nación demostró con los años que las actividades de los gobiernos no deben interferir con las propias de los agentes económicos; señalábamos la experiencia de la postguerra. El mundo industrializado precisaba de infraestructura para reconstrucción de las grandes capitales. México tenía acero, petróleo, vidrio, aluminio, por enumerar algunas prioridades. El gobierno apoyó con capital esta producción con mercado asegurado, esto es, sin competencia. Los años demostraron que estos costos de oportunidad se presentan en catástrofes o conflictos armados. En tiempos de paz, impera la competencia e impera el riesgo.
Por definición, el Estado no debe intervenir en acciones de capitalización porque sus fuentes de financiamiento difieren de las que enfrenta el inversionista privado. El gobierno tiene acceso al gasto corriente y si este capitaliza una función productiva, quiere decir que cubre gastos operativos con dinero de los contribuyentes, una clara falta de ética gubernamental. En teoría no existen los negocios públicos, porque el Estado no lucra y si no lucra, tampoco debe especular con fondos que deben ser utilizados para servicio y atención de la ciudadanía. Esta función es el Contrato Social.
Los gobiernos deben en todo momento discernir entre capacidades de aprovechamiento de recursos que no necesariamente deriven en actividades redituables en lo económico. El tema de los fideicomisos es un claro ejemplo en donde el gobierno anticipa bondades de la investigación, la cultura y las artes y campos de especialización en donde el retorno puede ser totalmente intangible. El intento de borrar estas actividades para centralizar su probable dispersión futura y probable discrecionalidad es equivalente a borrar el impulso de la vida nacional, que radica en estímulos generacionales un acervo de nación respetado en todos los rincones del orbe.
Las lecciones recientes a las reacciones totalitarias de un presidente obcecado en fórmulas del pasado, que acerca el monopolio inoperante de la petrolera mexicana y de la productora de energía, ha embravecido el terreno legal para confrontar una política energética inamovible desde el punto de vista que sostiene un Tratado con dos naciones prósperas y socias de México. Las energías limpias y renovables no son un sofisma, son una realidad que el mundo contempla para generaciones futuras. La imposición de una mira de retroceso puede resultar y está resultando, en una mira inconclusa, costosa y totalmente reversible por nuestra Corte y en un futuro cercano, por Cortes internacionales.
La economía debiera ser una concepción que emana de lo más profundo del sentimiento de cobertura y progreso de una nación. En su concepción natural, es la distribución equitativa de recursos. México, contaba con un modelo que no dejaba actividades en desamparo; todo modelo es perfectible desde luego, pero dejar fuera preceptos económicos probados y creciendo, para sustituirlos por una dispersión sin norma y sin padrón, ha resultado en el mayor fracaso conocido hasta ahora en materia económica. El ahorro republicano nunca se dio, como tampoco se dieron condiciones propicias para invitar al capital.
Los pronunciamientos de un gobierno lo dicen todo y hacen de una simple expresión, un avatar de acciones tendientes a fomentar los pasos de la inversión en dos fases: la reinversión parcial de utilidades y la inversión directa. La primera puede obedecer a un fenómeno de simple inercia para continuar proyectos de expansión naturales. La segunda se frena en automático. Eso está ocurriendo con las señales adversas a los criterios esperados de un gobierno y de una economía que pertenece o alguna vez lo hizo al G 20.
Las cosas están por cambiar en nuestro propio territorio con el gobierno demócrata, si todo sigue como se perfilan las preferencias. La mano de Biden no es tan suelta ni tan permisiva como la de Trump; Biden es un profesional de la política y conoce el continente y sus debilidades y flaquezas. También conoce el Tratado Comercial y sabe de las concesiones que hizo Trump en áreas en las que el Congreso norteamericano ya señala como imprecisiones. Estas ya se encuentran redactadas y han sido dadas a conocer al presidente López. Este es un paso crucial que supera las manifestaciones de nacionalismo irredento; simplemente son alusiones a faltas expresas de un gobierno indolente.
La rectificación a innumerables áreas de desperdicio de recursos, vendrá sin duda. Otras, las compondrá un presupuesto magro y desordenado en obras faraónicas e innecesarias. El exterior tendrá su aportación, sin duda, pero algo quedará claro: jugar al absolutismo en pleno siglo XXI es jugar contra viento y marea y sobre todo… contra la prudencia.
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