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Burocracia ahoga la lucha anticorrupción en ciertos estados

Recientemente Ethos Laboratorios de Políticas Públicas dio a conocer la investigación titulada: El Triángulo de las Bermudas Anticorrupción: ¿qué pasó con las denuncias? 1 En ella, se revelan los resultados obtenidos de al menos 40 entrevistas a...

15 de diciembre, 2020

Liliana Alvarado Baena

Recientemente Ethos Laboratorios de Políticas Públicas dio a conocer la investigación titulada: El Triángulo de las Bermudas Anticorrupción: ¿qué pasó con las denuncias? ¹ En ella, se revelan los resultados obtenidos de al menos 40 entrevistas a integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) de los estados de Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua.

Dentro de los principales resultados de la investigación, Ethos encontró que existen claras deficiencias en la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, falta de personal capacitado para procesar los expedientes y, como resultado, una escasez de sentencias. Por lo tanto, podemos decir que la lucha contra la corrupción en dichos estados se ha caracterizado por un número importante de denuncias, pocas judicializaciones y contadas sentencias.

El inicio del problema comienza con la falta de protección al denunciante. Por ejemplo en el estado de Chihuahua, no existen mecanismos de protección que resguarden la seguridad del denunciante. Esto trae como consecuencia que los ciudadanos se inhiban y no realicen quejas por corrupción, al grado que en ocasiones el denunciante se siente como el denunciado. Del mismo modo, en el Estado de México y Guerrero, los señalamientos demuestran que existe miedo por parte de la ciudadanía en denunciar a servidores públicos por la posible influencia en las redes de poder, incluso si son servidores públicos de mediano perfil.

Otro punto importante en este proceso es la falta de personal capacitado. En las cinco entidades analizadas por Ethos, coincidieron que la falta de capacitación así como de personal ha generado que los resultados en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA)² sean insuficientes. Por ejemplo en Michoacán, la titular de la Auditoría Superior de dicho estado señala que el 95% de los casos son perdidos por falta de fundamentación y motivación. Por lo que se refiere al Estado de México, Guerrero y Nuevo León, los fiscales anticorrupción señalan que están limitados de recursos materiales y humanos.

En Guerrero, por ejemplo, solo existen tres ministerios públicos para atender a los 81 municipios, en el Estado de México existen seis sedes regionales de la Fiscalía Anticorrupción para atender todos los casos de la entidad más poblada de la República Mexicana. En el mismo tenor, en Nuevo León la problemática radica en la lentitud para la integración de las carpetas de investigación, por lo que los procesos se alargan.

En Michoacán su fiscalía tiene un caso relacionado con recursos de Odebrecht en la presa Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica. Este asunto se encuentra sin avance por la falta de capacitación del personal que permita evidenciar y sustanciar. En Guerrero, la falta de capacitación repercute en el actuar del personal de la fiscalía, ya que, suelen cometer errores o en algunos casos no saben cómo redactar argumentaciones que integran las carpetas de investigación.

Por último, Ethos encontró pocas sentencias. Datos de la investigación demuestran que en los cinco estados consultados, las denuncias son miles y las sentencias llegan a ser solo unas pocas. Muestra de ellos es que en el Estado de México se han recibido más de 4 mil denuncias, de ellas solo 44 casos se han judicializado y solo hay 23 sentencias. En Michoacán de las 456 querellas, 39 fueron judicializadas y únicamente dos obtuvieron condena. Por lo que se refiere a Nuevo León solo existen 3 sentencias de un total de 139 denuncias.

Un dato alarmante de la investigación indica que las denuncias interpuestas a servidores públicos de alto nivel así como empresas “poderosas”, se quedan en el olvido, como es el caso Odebrecht en Michoacán. En el Estado de México destacan las sentencias condenatorias a policías de mediano y bajo rango, al tiempo que los procesos judiciales contra alcaldes y servidores públicos de alto nivel se pierden en el camino. En Chihuahua, las denuncias contra funcionarios cercanos al gobernador Javier Corral no prosperan, como es el caso de la empresa Extreme Sports, vinculada a un jefe de prensa que contrató a una empresa que brinda servicios de entretenimiento a través de paredes escaladoras para hacerse cargo de la comunicación institucional.

El informe muestra que los resultados obtenidos son escasos y que falta mucho por hacer, sobre todo a nivel operacional. Por eso es necesario que el poder judicial en los estados, las contralorías y fiscalías anticorrupción dispongan de personal suficiente, capacitado y actualizado para responder conforme a lo que marca la ley. Además, resulta fundamental que la investigación y acusación de actos de corrupción no sea selectiva y no se hagan distinciones entre servidores de alto, medio o bajo nivel. Al contrario, los casos de corrupción en las altas esferas deben ser señalados y resueltas sin impunidad y así dar una señal clara del combate a la corrupción. Desgraciadamente, los resultados expuestos no son diferentes a lo que hemos vivido a nivel federal.

1 https://www.ethos.org.mx/ethos-publications/burocracia-ahoga-lucha-anticorrupcion-en-estados/

2 De acuerdo al mandato constitucional sobre la reforma penal de 2008, el 18 de junio de 2016, se aplicó el NSPA. Estableciendo caminos novedosos y ágiles para la solución de conflictos causados tanto por delitos graves como no graves, al agregar medios alternativos de solución de controversias. Asimismo permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por los delitos cometidos. Cabe destacar que, dicha reforma se centra en el respeto y garantía de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf

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Liliana Alvarado Baena

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia tributaria y análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. En Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es directora del Área de Desarrollo Económico y Social, responsable del análisis de finanzas públicas, seguridad, transparencia y anticorrupción. Actualmente colabora en Grupo Fórmula en el programa de Eduardo Ruiz-Healy. Twiter: @lilialvaradob

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