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Adiós austeridad

Como cada lunes, Manuel Torres Rivera reflexiona sobre el impacto de las políticas populistas del gobierno en la economía mexicana.

12 de septiembre, 2022

Manuel Torres Rivera

Resulta curioso que un mes antes de la elaboración de un presupuesto de ingresos-egresos para toda una Federación, se incluya en el discurso una prédica de austeridad; en términos prácticos nunca ha existido austeridad en esta transición en turno de gobierno, en realidad, han existido transferencias de recursos que han debilitado las áreas no convenientes en la conformación del discurso popular y demagógico. Por el contrario, se instaló una derrama de gasto no programático y sin padrón ni control. Como se ha comentado en este espacio, se ha acudido al eufemismo para significar programas de aliento y bienestar y el resultado ha sido catastrófico. El presidente, tal vez en su arenga cotidiana no perciba la dimensión de un gasto corriente y la premisa que concibe inversión pública al llamar a este fenómeno de reparto dispersión.

En otras ocasiones también hemos señalado que los programas populistas parten de una bonanza económica. Para nadie es secreto que la economía crecía a un ritmo superior al 2% anual en un afán sostenido. También, se ha señalado en diversos apuntes económicos que existían reservas y otros mecanismos de ahorro en la figura del fideicomiso. Esas bases ya no existen, simplemente fueron devastadas, erogadas y extintas. Abundar en figuras discursivas argumentando austeridad y adjetivarla como republicana, es una de las tantas formas de faltar a la ética gubernamental. Si el principio es falso, falsas resultan las conclusiones en cuanto al manejo del presupuesto nacional.

Ahora tenemos un presupuesto para el año 2023 con un monto que supera los ocho billones de pesos. Dimensionar esta cifra y conducir su certeza en paralelo a la revisión de tres ejercicios completos de esta transición, no representa un acto fehaciente por las múltiples adiciones a renglones que no han significado conclusión de proyecto. Para entender esta aseveración, ningún presupuesto ha sido respetado en tres años de gobierno. El endeudamiento ha sido monstruoso; 2.3 billones de pesos de deuda nueva es la deuda nominal de esta gestión. Para dar una idea de lo que esto representa sin acudir a tantas cifras que confunden, el solo hecho llamado servicio de la deuda será de un billón de pesos en 2023.

Este billón de pesos contempla intereses derivados de la parte nominal o principal de la deuda emitida. Falta la consideración inevitable de papel flotado por la petrolera y la parte condenada a bonos chatarrra que circulará en mercados secundarios, elevando costos de emisión pactados de origen. Habría que añadir los arbitrajes en los que México nunca ha ganado para sumar la contingencia de pasivos no creados aún. De ocho billones presupuestados no es un juego de simple aritmética descontar intereses para estimar un haber hacendario que todavía tiene que atender prerrogativas irrenunciables en la nómina del gobierno, en servicios y en todo lo que conocemos como seguridad, educación y un largo etcétera.

Pero, la agenda gubernamental se complica en los renglones que no han sido atendidos, entre ellos, mantenimiento. Las noticias sobre incendios, plataformas con desperfectos, vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos de embarque y desembarque han sufrido por falta de mantenimiento, renglón que nunca se estimó por la impericia de los mandos designados. Este gobierno en turno ha concentrado los recursos según sea el reclamo de donde viniere, iniciando por sus propios cuadros y ultimando a la sociedad y la demanda real, la empresarial. La improvisación se ha instalado como forma de gobierno y la premura de esa dispersión a la que alude el presidente, ha desbocado el gasto para anunciar en el discurso itinerante, la cobertura de hogares como logro de gobierno.

El fallo natural es la supuesta cobertura contra la verdadera adaptación del gasto público a necesidades reales de una población que jamás fue consultada. Esto significa, como siempre, en todo programa popular, la interpretación individual se suple por la interpretación colectiva para dirimir desde el poder, gustos y preferencias. El choque inmediato de esta visión confronta la demanda con la oferta, otra vez, no consultada, para interrumpir las cadenas productivas, cadenas que debieron marchar en paralelo con la política pública de la inversión o el gasto, como quiera verse.

El gasto inducido desde la óptica del poder, es en esencia la fórmula retardataria perfecta para diluir todo esquema de contribución al consumo desordenado, mediante la dádiva. Este desorden creado por la esfera gubernamental crea vicios, intermediación, suplantación de otorgamiento programático y corrupción. El efecto de una dispersión de recursos sin control ni padrón, conduce al dispendio acumulado de la coerción social y el agregado nunca muestra los fines originalmente planteados y eso explica la multiplicación de la pobreza. Si se quiere añadir el caos sembrado por el supuesto Banco del Bienestar, con sucursales inoperantes, desperdicio de redes que pudieron ser evitadas con una simple concesión de banca, podrá entenderse un vicio adicional al esquema del reparto.

Finalmente, el presupuesto 2023 incluye un crecimiento de la economía que no se dará; el simple hecho de continuar con obra inoperante, desde el aeropuerto que regresará a sus orígenes que desde 1952 fue concebido como base militar, hasta la refinería que si llegara a refinar no excedería de una producción de 300 000 barriles diarios, una verdadera insuficiencia que respondería a una inversión de veinte mil millones de dólares y culminando con un aberrante tren destructor de hábitat natural, la orientación del gasto público hace imposible el crecimiento. La mira de la derrama social con el único objetivo de la captura emocional enfrenta un dilema irrecuperable con la producción. El crecimiento de una economía se contempla con impulsos y esos impulsos se originan con políticas públicas que responden a la demanda de los agentes productivos y no a la imposición de un gobierno que induce una infraestructura por capricho. Y a esa imposición, que naturalmente recorta presupuesto a actividades prioritarias de salud y educación, como ejemplo, le llama austeridad.

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Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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