La Auditoría Superior de la Federación realizó 1400 auditorías para cerrar el ejercicio de 2019. Es preciso contemplar la revisión de cualquier ejercicio natural como una concepción de equilibrio entre todo ingreso y toda percepción de gasto o egreso para hacer de una administración de recursos una función que pueda ser calificada como una operación de credibilidad y pueda ser certificada como una operación continua. Esto en apariencia puede ser sencillo si tan solo se pudiera lograr el ingreso y el egreso en un mismo período. La realidad muestra diferencias de tiempo y de forma en la revisión de cualquier cuenta de cualquier ente económico.
La auditoría es un concepto que tradicionalmente merece respeto y aceptación universal en lo referente a Estados Financieros. La tradición merece mención de principios de contabilidad o registros que no cuestionan su validez en tanto se conformen a “Principios Generalmente Aceptados”. Esto significa que la razonabilidad de la presentación de Estados Financieros se conforma a criterios aceptados universalmente. En realidad los criterios no difieren en esencia en cuanto a la valuación de activos, responsabilidades y patrimonio de un ente económico en revisión. Esto es más que un valor entendido, es regla de certificación de cifras de todo un período de operación.
La tradición de décadas aporta a la auditoría un criterio de independencia, un criterio externo a la administración de cualquier ente económico. En este criterio se formula un dictamen que por un lado desde luego evalúa la operación interna de la empresa o agente activo en la administración de recursos y por otro lado certifica el apego a reglas estrictas de registro y conducción apropiada de recursos. Los asientos contables siempre obedecen a un cargo correspondiente a un abono para en la reducción de cuentas encuentren un equilibrio o balance. Un debe es correspondiente a un haber y la situación patrimonial reduce en la utilidad o pérdida un perfecto equilibrio. Este perfecto equilibrio se llama Estado de Posición Financiera.
La revisión de cuentas es importante en tanto la administración de recursos radique en manos diestras, éticas y responsables. Como estas circunstancias siempre resultan perfectibles por la imprecisión, la indolencia y la tendencia al abuso y la opacidad, la revisión y la supervisión resultan imprescindibles. La auditoría hace más que cotejar la presencia de un ingreso y su aplicación; en realidad persigue la dispersión o trayectoria del uso último del recurso. No olvidemos que el factor tiempo es clave en toda etapa de ingreso y dispendio. Los arqueos de caja, de documentos por cobrar y toda circunscripción de corto plazo dicta medidas tendientes a la liquidez y la precisión de plazos puede mediar entre la solvencia y la incapacidad de cobertura en el manejo de efectivo.
En el sector público las cosas no funcionan con la misma exactitud y con la misma precisión de los requerimientos de la empresa privada. En el ámbito público las coberturas pueden no ajustarse a los plazos y vencimientos del sector privado; un proyecto de alumbrado público puede no representar beneficios inmediatos que pudieran medirse en reducción de delitos, medida no cuantificable en materia de retorno de inversión. No obstante, la cuenta pública reúne las mismas circunstancias de cualquier ente productivo si la mira se concreta a la conjunción de uso de recursos y su aplicación.
La Auditoría Superior de la Federación eso hace, justamente evalúa la asignación del recurso a todo ente público, capitula toda asignación en los tiempos de disposición y finalmente califica las miras de concentración del recurso y vigila su correcta aplicación. Esa ha sido su labor como organismo de vigilancia autónomo. Desde su creación nunca había informado de tantas anomalías y desvíos presupuestales, hasta el ejercicio de 2019.
En el simple ejercicio de gasto, existen más de 98, 000 millones sin justificación. En el registro del costo de la cancelación de Texcoco la suma que añade a la deuda pública suma más de 300,000 millones de pesos, sin contar el desembolso de más de 80,000 millones para un aeropuerto que no existe en Santa Lucía.
Desde luego al presidente no le gustó el informe de auditoría del aeropuerto porque precisamente constituye el punto de despegue de su fracaso económico. No obstante, a pesar del anclaje de las cifras reportadas y de las innumerables réplicas y repercusiones de supuesta retroactividad y recomposición, el espectro motivó revisiones más agudas en la repercusión de deuda no anunciada en papel emitido sujeto a revisión de tasa y castigo por simple reordenamiento de riesgo. Más allá de los costos reales y la adopción de deuda inexistente en el día cero, la simple mención del error de origen ya cobra en el ánimo real de la inversión y la seguridad al exterior.
Si el costo es de 100 000 o 400 000 millones, como realmente es, porque el proceso de Santa Lucía no opera, entonces el impacto de deuda para los mexicanos no es materia de revisión de auditoría, es un hecho de política pública errónea. El acierto en señalarlo no es de cuenta pública, es de falta de ética gubernamental en el abuso desmedido de la riqueza de la nación. El señalamiento es el inicio de un proceso de juicio de uso de recursos de una nación sometida a una interpretación equivocada de origen.
La deuda adquirida o aumentada de esta tercera transición de gobierno en turno suma un billón doscientos mil millones. No se necesita una auditoría para registrar el abuso y desorden del gasto público. La simple aritmética exhibe una proporción de casi el 53% del PIB, sin un solo peso en inversión pública. Esto significa un derroche en los tres proyectos que concibe esta transición, que a dos años de su inicio no reportan visos de conclusión y un dispendio sin par en programas de asistencia sin éxito.
La Auditoría Superior de la Federación seguirá sus pasos de interpretación y vigilancia de la cuenta pública. Si el presidente manifestó otros datos en la auditoría que más le importa, nos quedamos con la validez de 1399 restantes. Y de ellas haremos clamor de rendición de cuentas.
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