- La danza de los millones perdidos o mal aplicados
Enorme carga de trabajo tiene la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dado que cual si fuera el Triangulo de las Bermudas, la danza de millones de pesos presupuestados que pueden haber sido mal utilizados va en aumento, llegándose al caso también de aparecer millones en vehículos oficiales que nadie sabe de donde llegaron. Iniciando con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde su programa de Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para votar, presenta irregularidades por 25 millones 133 mil pesos. Esto derivado de auditar una muestra de mil 85 millones 172 mil pesos del presupuesto total que asciende a más de 3 mil millones de pesos, detectándose pagos por un millón 761 mil pesos a 85 prestadores de servicios que no se encontraban dentro de la estructura ocupacional.
Asimismo, el INE omitió presentar informes de actividades de 53 funcionarios, quienes obtuvieron pagos por 6 millones 121 mil pesos y destinó más de 7 millones de pesos en rentas de 36 inmuebles, de los cuales no justificó el gasto. De igual manera, desembolsó un millón 882 mil pesos para el pago de arrendamientos de edificios y pagó 7 millones 769 mil pesos como apoyo financiero al Comité Nacional de Supervisión y Evaluación y a la Comisión Nacional de Vigilancia. Razón por la cual, la ASF ordenó a la Contraloría del INE iniciar un procedimiento administrativo respecto a 19 casos de prestadores de servicios de los que no se pudo verificar que cumplieran con los requisitos académicos requeridos.
Pero eso para el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, es pecata minuta, afirmando que el instituto no gasta más que otras democracias por cada voto. Y que ninguna de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación supone un desvío de recursos por parte de la institución y que se trata de 25 millones señalados del total ejercido, que ascendió en 2015 a 15 mil millones de pesos. Como diciendo, que 25 millones no son nada.
Por otra parte y siguiendo con esta danza de millones, La Auditoría Superior de la Federación descubrió que durante 2015, el Senado utilizó de manera incorrecta 234 millones de pesos, al solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida extra de 249 millones de pesos para aplicarlos en el área de Conservación, Operación y Equipamiento, resultando que el 94.3% de ese dinero lo utilizó pagando salarios, prestaciones, telefonía celular, alimentos y vehículos, entre otros.
No siendo suficiente este mal uso, el Senado obtuvo 33 millones 524 mil 600 pesos de ingresos excedentes, que inicialmente los transfirió a diversas partidas de gasto, que “posteriormente sufrieron reducciones con el fin de transferir una parte de los recursos a la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, la cual, a su vez, tuvo ampliaciones netas por 84 millones 91 mil 700 pesos”. Ante estos hechos, la ASF solicitó explicaciones, respondiendo el Senado que “la asignación de su presupuesto se lleva a cabo con base en sus necesidades, y su ejercicio en función de la autonomía con que cuenta la Cámara de Senadores”. Y al igual que el Presidente Consejero del INE, en el Senado afirmaron respecto a los resultados de estas Auditorías, que estos movimientos de dinero no pueden ser considerados como un desvío de recursos, sino movimientos necesarios para cubrir compromisos ya adquiridos; que la observación de la ASF ya fue aplicada y esta práctica no se registró ya en la Cuenta Pública 2016, que cerró hace ocho semanas. Y como diría en paz descanse Doña María Félix, “lo caído, caído”.
Pero aquí no para la danza de los millones, dado que también la ASF, encontró irregularidades en contratos de construcción de los Centros de Justicia Penal y salas de juicio oral en la Ciudad de México y Nuevo León, adjudicados por la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, las anomalías se hallaron en cuatro contratos por 251 millones de pesos adjudicados a Caabsa Infraestructura y Constructora Jonap. Con motivo de la intervención de la ASF, se recuperaron recursos por 205 mil pesos.
Según el informe, la Judicatura no realizó la investigación de mercado que determinaría el presupuesto base que serviría como marco de referencia para adjudicar tres contratos de obra pública. Tampoco lo hizo para cotizar los trabajos correspondientes y, además, entregó información a tres compañías, cuando sólo debió proporcionarla a la persona que debía ejecutar los trabajos de esos contratos. En tres de las contrataciones no se pusieron a disposición de las empresas en los plazos acontecidos los importes de los anticipos concedidos ni se presentaron las garantías de cumplimiento.
Tampoco se aplicaron penas convencionales por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos respecto de los programas de obra autorizados, ni los descuentos o deductivas contractuales por los trabajos ejecutados que no corresponden a las cantidades propuestas por los contratistas. “En la losa de la azotea de un contrato de obra pública no se consideraron las pendientes de 2.0 por ciento para las bajadas de las aguas pluviales, ni se construyeron las coladeras para canalizarlas. “Se pagó un estudio de mecánica de suelos que ya se tenía previamente a la fecha en que se formalizó el contrato”. El dictamen concluye que de un total de 11 observaciones por presuntas irregularidades, 5 fueron solventadas antes de que la ASF integrara su informe. De las 6 restantes, en 5 se generaron solicitudes de aclaración y en una se determinó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. De enero a septiembre de 2015, de un total de 34 contratos de obra asignados, sólo 2 fueron resultado de una licitación, 22 se adjudicaron de manera directa y 4 más tampoco requirieron concurso al ser firmados bajo un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sumándose a estas observaciones, que funcionarios de dicha área incluido Francisco Javier Pérez Maqueda, quien ya fue removido como su titular, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), porque la semana pasada se encontró en un vehículo de su adscripción, alrededor de 4 millones de pesos en efectivo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que separó del cargo a cinco funcionarios por su presunta implicación en el hallazgo de 4 millones de pesos en un vehículo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.
A través de un comunicado, el CJF señaló que “se tuvo conocimiento de una denuncia anónima sobre la presencia, en uno de sus edificios administrativos, de un vehículo utilitario adjudicado a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, en cuya cajuela se encontraba una cantidad indeterminada de dinero”. Oficialmente no se dio a conocer el monto, pero un diario de circulación nacional publicó que se trata de 4 millones de pesos encontrados en el auto que presuntamente es usado por el titular del área, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien, según la información, negó toda responsabilidad, dijo que el dinero le fue “sembrado” y alegó que él se encontraba en Nayarit cuando se hizo el hallazgo.
Así las cosas en cuanto a esta danza de millones, unos que se desaparecen por malos manejos, que hacen ver chiquito al Triangulo de las Bermudas, donde todo lo que pasa por ahí se desaparece, y otros tantos millones que mágicamente aparecen en el vehículo de un funcionario de un área donde se adjudicaron obras sin cumplir los requisitos y reglamentos establecidos.
Sólo esperamos que al concluir las investigaciones, si hay responsabilidad de funcionarios, verdaderamente les apliquen las leyes. Y no resulte que solamente con que renuncien, sea suficiente, y se desaparezcan como los millones.
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